La Junta Electoral Nacional pidió al Poder Ejecutivo que detalle el presupuesto y los plazos para una nueva impresión masiva de la Boleta Única Papel (BUP) en la Provincia de Buenos Aires. La maniobra, impulsada por La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, plantea interrogantes sobre quién pagará los hasta 18 mil millones de pesos que costaría la operación y si es logísticamente posible a 20 días de los comicios.
El proceso electoral en la Provincia de Buenos Aires atraviesa horas de máxima tensión logística y financiera. La Junta Electoral Nacional formalizó en las últimas horas un pedido de informes al Gobierno Nacional para que cuantifique el costo de la eventual reimpresión total de las Boletas Únicas Papel (BUP) destinadas al distrito.
La solicitud de la Justicia, motorizada por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, busca tener certezas sobre el impacto presupuestario y la viabilidad temporal del pedido realizado por el espacio La Libertad Avanza (LLA), que busca reemplazar a José Luis Espert —quien renunció a su postulación en medio de un escándalo— por el candidato Diego Santilli como cabeza de lista en la provincia.
El Dilema de los Millones: ¿Quién Paga?
La cuestión central es el costo y quién se hará cargo del mismo. Según los primeros cálculos realizados por especialistas y organismos vinculados al proceso, el desembolso adicional que demandaría volver a imprimir las boletas para el distrito más grande del país oscila entre los 15.000 y 18.000 millones de pesos argentinos (o un estimado de entre 10 y 12 millones de dólares).
La Junta Electoral, en su intimación, fue específica y solicitó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, que informe si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar dicha reimpresión. El trasfondo político de este punto es crucial: LLA, la fuerza que solicita la modificación, no ha ofrecido cubrir el gasto, lo que implica que, de concretarse el cambio, el costo sería asumido por el Estado Nacional. Esta potencial derivación de un gasto multimillonario al erario público, originado en una crisis interna de un partido, generó la inmediata reacción de la oposición, que cuestiona la equidad y la responsabilidad fiscal de la medida.
Tiempos Límite y Logística Imposible
Más allá de la cuestión económica, la urgencia de los plazos se erige como el mayor obstáculo. El Gobierno Nacional tiene apenas hasta el martes a las 8:30 horas para responder a las exigencias de la Junta, un margen de tiempo que subraya la criticidad de la situación a menos de tres semanas para la fecha de los comicios.
Diversos actores políticos, como el referente del Frente Renovador Sebastián Galmarini, advirtieron públicamente que «no hay tiempo». Las boletas de la Provincia de Buenos Aires ya están en proceso avanzado de impresión y, en gran medida, ya fueron embaladas y comenzada su distribución por el Correo Argentino hacia los centros de votación. Fuentes cercanas a la logística electoral indicaron que ya se habría impreso más de la mitad del total de las BUP necesarias.
El cambio no solo implica imprimir 15 millones de boletas nuevas, sino también un complejo proceso logístico de retiro de las boletas ya distribuidas, coordinación con los demás partidos (que deben aprobar el nuevo diseño), y una distribución acelerada que pondría en riesgo la transparencia y la organización final del acto eleccionario.
La Pelota, en el Tejado del Juez
La reimpresión de boletas en la Argentina es un tema sensible que ya fue abordado por la Corte Suprema de Justicia en 2015, sentando el precedente de que el Estado debe financiar el costo de las boletas para las PASO. Sin embargo, este caso es diferente: se trata de una elección general y el cambio es extraordinario, motivado por un escándalo y una renuncia que buscan ser subsanados con una sustitución.
La decisión final recae en el juez Ramos Padilla, quien debe ponderar:
- El derecho del partido a presentar a su candidato elegido (Santilli).
- El costo fiscal millonario y el origen político de la necesidad de reimpresión.
- La viabilidad logística de garantizar que el 100% de los votantes bonaerenses reciban las boletas correctas a tiempo, asegurando la transparencia electoral.
Si el juez deniega el pedido por motivos de plazo y presupuesto, LLA debería competir con la boleta original que incluye a Espert, lo que generaría un conflicto simbólico para la fuerza política. La resolución de la Junta Electoral marcará un precedente sobre hasta dónde puede llegar la Justicia para obligar al Estado a asumir costos extraordinarios por movimientos de último momento en la política partidaria.
