La educación argentina se encamina a un inicio de año conflictivo. El sindicato docente SUTEBA resolvió por unanimidad, en el marco del Congreso de la CTERA, impulsar un paro nacional para el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el comienzo del ciclo lectivo en gran parte del país. La decisión, que pone en jaque el regreso de millones de alumnos a las aulas, surge como respuesta a lo que los gremios consideran un «estancamiento salarial» y un desfinanciamiento del sistema educativo por parte del Gobierno nacional.
El detonante de la medida en territorio bonaerense fue el rechazo categórico a la última oferta presentada por la administración provincial: un incremento del 3%. Para la dirigencia sindical, esta cifra resulta «insuficiente e irrisoria» frente a la evolución de los precios y el costo de vida actual, profundizando el malestar en las bases que ya venían debatiendo planes de lucha desde principios de febrero.
El reclamo por el FONID y la Paritaria Nacional
Más allá de la disputa local en Buenos Aires, el conflicto tiene una raíz nacional. La CTERA exige de manera urgente la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una partida que el Ejecutivo nacional ha recortado y que representa una parte significativa del sueldo neto de los maestros en todas las provincias.
«No es solo una discusión por un porcentaje; es la defensa de la escuela pública y de la paritaria como herramienta de negociación», señalaron fuentes gremiales tras el congreso. La falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente es otro de los puntos de fricción, ya que es el ámbito donde se establece el piso salarial garantizado para todo el país, evitando que las provincias con menos recursos queden rezagadas.
Escenarios ante un inicio incierto
De no mediar una nueva convocatoria con una propuesta superadora en los próximos días, el 2 de marzo se convertirá en una jornada de escuelas vacías. En la Provincia de Buenos Aires, el impacto de SUTEBA suele ser determinante para el nivel de adhesión, lo que obliga al gobernador y a la cartera educativa a revisar los números para evitar el costo político de un ciclo lectivo que no arranca.
Mientras tanto, otros distritos del país observan con atención la resolución de CTERA, ya que la medida tiene alcance federal. El conflicto docente suma así un capítulo de alta tensión en la antesala del otoño, dejando a padres y alumnos en la incertidumbre sobre la normalidad del calendario escolar 2026.
