En un contexto de creciente digitalización de las transacciones comerciales, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y el Colegio de Abogados de Bahía Blanca formalizaron un espacio de cooperación estratégica. El encuentro, protagonizado por el director de la OMIC, Pablo Daguerre, y la titular del Instituto de Derecho Informático y TICs del Colegio de Abogados, Virginia Levin, tuvo como eje central la coordinación de políticas preventivas ante la complejidad de los entornos virtuales.
La reunión permitió un intercambio técnico sobre las problemáticas más recurrentes que afectan a los ciudadanos, con especial énfasis en las irregularidades detectadas en el comercio electrónico y el aumento de las estafas digitales. Ambos organismos coincidieron en que la mutabilidad de los fraudes virtuales exige una respuesta institucional dinámica y unificada que combine la defensa del consumidor con el marco legal informático vigente.
Ejes de la agenda conjunta
Durante la jornada de trabajo se definieron los pilares fundamentales sobre los cuales se articularán las próximas intervenciones:
Protección de datos: Fortalecimiento de las medidas para evitar el uso indebido de información personal y financiera de los usuarios.
Comercio electrónico: Supervisión de las prácticas comerciales en plataformas digitales para garantizar el cumplimiento de las normativas de consumo.
Concientización: Diseño de campañas de información que doten a la población de herramientas prácticas para identificar señales de alerta ante posibles engaños.
Daguerre y Levin resaltaron la necesidad de empoderar al usuario mediante el conocimiento de sus derechos. En este sentido, la colaboración entre el Estado municipal y el Colegio de Abogados busca no solo intervenir ante el conflicto ya consumado, sino actuar de manera proactiva para reducir la incidencia de delitos y disputas en el ámbito digital.
Esta alianza técnica representa un avance significativo en la construcción de un entorno virtual más seguro y transparente para la comunidad bahiense, garantizando que el acceso a la tecnología no vulnere los derechos fundamentales de los consumidores.
