Una investigación iniciada a fines de septiembre por el Comando de Prevención Rural (CPR) de Bahía Blanca culminó con el allanamiento de tres viviendas en la ciudad. La causa, que tramita por infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre (Ley 22.421), logró constatar la existencia de una red de cazadores furtivos que utilizaban perros galgos para la caza de ñandúes y jabalíes en campos del paraje Nueva Roma, generando graves perjuicios a los productores rurales.
Desarticulan un Grupo Dedicado a la Caza Furtiva en Campos Vecinos
El Comando de Prevención Rural (CPR) de Bahía Blanca, con la intervención de la UFIJ N° 7 (especializada en delitos rurales), dio un golpe a la caza ilegal en la región tras una minuciosa investigación que se inició el pasado 29 de septiembre. La causa se centró en un grupo de jóvenes de la ciudad que operaban como cazadores furtivos en establecimientos rurales ubicados sobre la Ruta Nacional 35, específicamente entre los kilómetros 30 y 40, en el paraje Nueva Roma.
La modalidad de la actividad ilegal consistía en la caza de ñandúes, un animal de fauna silvestre protegido por ley, utilizando principalmente perros de raza galgo. La fiscalía pudo constatar no solo la caza ilegal, sino también la posterior comercialización de los productos y subproductos, incluyendo la venta de carne de ñandú. Este tipo de delito, además de atentar contra la fauna, afecta gravemente la producción agropecuaria.
Daños Colaterales a la Producción Rural
La caza furtiva con galgos genera un ciclo de problemas para los propietarios de los campos. La persecución por parte de los perros asusta al ganado vacuno, lo que provoca una serie de daños materiales y económicos a los productores:
- Rotura de alambrados y cortes de cercos eléctricos.
- Mezcla de categorías de animales (lo que complica la gestión del rodeo).
- Abortos en las hembras preñadas, generando pérdidas directas.
- Tranqueras abiertas, que facilitan el escape de animales.
Estos incidentes obligan a los productores a invertir tiempo y recursos en la reparación de daños y la regularización del rodeo, afectando la rentabilidad de sus establecimientos.
La Ley 22.421 y los Allanamientos Judiciales
La Ley 22.421 y los Allanamientos Judiciales
La normativa vulnerada, la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, sancionada en 1981, declara de interés público la fauna silvestre y establece la necesidad de permisos para su protección, conservación y aprovechamiento racional. La caza y comercialización sin control constituye un delito penal.
Con las pruebas reunidas a lo largo de la investigación, el magistrado interviniente ordenó la ejecución de órdenes de allanamiento simultáneo en tres domicilios de Bahía Blanca con el objetivo de secuestrar elementos probatorios, carne proveniente de la caza ilegal, armas de fuego y otros subproductos.
Los operativos se concretaron en horas de la tarde de la fecha y contaron con la colaboración de personal del CPR de Tornquist y la Comisaría Quinta de la ciudad. Los domicilios allanados y las personas identificadas fueron:
- Pasaje Calvento 2241: Domicilio del ciudadano Aron Omar Castillo Villegas.
- Pasaje Calvento 2109: Domicilio del ciudadano Sergio Braian Marcelo Núñez.
- Entre Ríos 1924: Domicilio del ciudadano Franco Agustín Hernández.
Secuestros y Situación Legal de los Imputados
Secuestros y Situación Legal de los Imputados
Producto de las diligencias, las fuerzas de seguridad lograron incautar una serie de elementos clave para la causa, incluyendo:
- Carne producto de la caza furtiva, identificada como carne de ñandú y chancho jabalí.
- Varios perros galgos utilizados en la actividad ilegal.
- Cuchillos y otros elementos de corte.
- Unidades de comunicación tipo Handy y otros elementos electrónicos para su análisis forense.
Los tres ciudadanos mencionados quedaron formalmente supeditados a la investigación penal. Será la UFIJ N° 7 y el magistrado interviniente quienes decidan las próximas acciones procesales y las eventuales responsabilidades por la infracción a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Este tipo de operativos subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad con la lucha contra el delito rural y la protección del medio ambiente.
