El concejal Roberto Arcángel, de Unión por la Patria, salió al cruce de las críticas empresariales y defendió enérgicamente la propuesta del intendente Federico Susbielles de imponer un aumento extraordinario por un año a la tasa que pagan las grandes compañías del Polo Petroquímico. La medida busca recaudar fondos esenciales para la reconstrucción de obras hidráulicas tras la devastadora inundación del 7 de marzo.
La propuesta del Ejecutivo Municipal de Bahía Blanca para aumentar de manera extraordinaria la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene que abonan las empresas del Polo Petroquímico, se ha convertido en el principal foco de debate político y económico de la ciudad. La iniciativa, que busca generar recursos genuinos para las obras de reconstrucción tras la catástrofe climática de marzo, encontró en el concejal de Unión por la Patria, Roberto Arcángel, a un ferviente defensor.
En declaraciones a Radio Altos, Arcángel brindó un sólido argumento a favor del proyecto, centrado en la responsabilidad social empresaria y la emergencia económica que atraviesa el distrito.
La necesidad frente a la catástrofe
El concejal recalcó la magnitud del desastre provocado por la inundación del pasado 7 de marzo, un evento que dejó a la infraestructura local «destruida», especialmente en materia hidráulica.
«La ciudad quedó destruida y no hay Municipio que pueda sostener una reconstrucción como necesita Bahía Blanca con fondos propios», enfatizó Arcángel.
El edil subrayó el contexto de desamparo financiero en el que se encuentra la administración local, mencionando la falta de apoyo contundente del gobierno nacional y la limitación de la ayuda provincial. «Si la Nación no ayuda y la Provincia hace lo que puede, el Municipio tiene que tratar de buscar alternativas. Puede no gustarle a algunos, pero me parece correcto que el intendente decida ver un camino por donde reconstruir la ciudad: en este caso las empresas», planteó, justificando la búsqueda de una fuente de ingresos extraordinaria y localizada.
El argumento de las ganancias millonarias
El eje central de la defensa de Arcángel se posa sobre la capacidad financiera del complejo petroquímico de Bahía Blanca, uno de los centros industriales más importantes y rentables de Argentina.
«Se trata de compañías que están radicadas en Bahía Blanca que generan muchas ganancias. No está mal plantearles que si han venido ganando dinero hace muchos años, ahora que la ciudad las necesita, tranquilamente podrían ayudar en esta etapa», opinó el concejal.
Arcángel fue directo al señalar que durante el periodo de expansión y bonanza, «nadie les dijo nada» mientras incrementaban sus ingresos, sugiriendo una deuda moral y cívica con la comunidad que las alberga. «Ahora tienen que poner el hombro como todos, como lo hacen los trabajadores con esta política que lleva adelante el presidente Milei», sentenció el edil, marcando un fuerte contraste entre la posición de los trabajadores y el sector empresarial ante los requerimientos económicos del momento.
Rechazo a la advertencia del empresariado
La propuesta municipal generó un rechazo previsible por parte del sector afectado. Recientemente, la Cámara de Permisionarios y Concesionarios del Puerto emitió una advertencia pública, señalando que el aumento de la alícuota podría poner «en riesgo futuros proyectos de inversión y expansión» en la región, un argumento frecuentemente utilizado por el empresariado ante aumentos impositivos.
Consultado sobre esta amenaza, Arcángel desestimó las preocupaciones, calificándolas de excusas para eludir la responsabilidad comunitaria.
«Me parece que es una forma de poner piedras para justificarse de no dar una mano para reconstruir la ciudad. Tenemos que poner todos el hombro y ellos (por las empresas) con más razón», insistió el concejal, reafirmando que la urgencia de la reconstrucción y la necesidad de financiamiento superan cualquier riesgo de inversión a corto plazo.
La discusión ahora se traslada al recinto del Concejo Deliberante, donde se definirá si el sector industrial de mayor peso en la economía bahiense contribuirá con un esfuerzo fiscal adicional para paliar los daños de una catástrofe que afectó a toda la comunidad. La decisión no solo es económica, sino profundamente política y de impacto social.
