El diputado Daniel Arroyo volvió a encender las alarmas por el deterioro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad y cargó contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por lo que definió como una mezcla de desmanejo y desinterés que dejó a miles de familias en una situación límite. Según expresó, la combinación entre presunta corrupción y falta total de respuestas lo atraviesa con “bronca y dolor profundo”.
En declaraciones radiales, el legislador remarcó su fastidio al ver “todo en el mismo organismo que no pone en marcha la ley de emergencia en discapacidad”. Para Arroyo, la foto fue brutal: “El día que salieron los primeros audios que hablaban de 500.000, 800.000, plata que va que viene, porcentaje, ese mismo día estaban reunidos en la agencia los acompañantes terapéuticos reclamando pasar de ganar 2.900 la hora a 3.100”. Un aumento de apenas “200 pesos la hora de trabajo, trabajo que van a cobrar a 180 días, a 6 meses”, subrayó.
El diputado sostuvo que la parálisis del organismo disparó consecuencias directas sobre la vida de las personas con discapacidad. Fue tajante: “El mismo lugar que no les da los aumentos, que ha trabado la ley de emergencia, que hizo colapsar todo el sistema porque hoy la persona no accede a los medicamentos, no accede a los traslados ni a la terapia ni a los acompañamientos; las escuelas especiales están todas a punto de cerrar”. Y remarcó que el espacio que generó “todo ese colapso” era el mismo donde “manejaban plata que iba y venía, que un montón de plata por acá, por allá”.
Arroyo también rechazó los argumentos oficiales que señalan que la Ley de Emergencia en Discapacidad impactaría en el equilibrio fiscal. Según explicó, “la ley no tiene impacto fiscal. Todo lo que es reacomodar las prestaciones… todo eso es 0,0003 del producto bruto interno, no tiene impacto fiscal”. Y recordó que fue respaldada por “más del 70% de la Cámara de Diputados”, pero aun así el Gobierno “decidió no moverse ni un milímetro de su plan trazado”.
El legislador fue más allá y apuntó a un intento del Gobierno de correr a un juez federal que suele fallar a favor de personas con discapacidad. Señaló que ese magistrado ordenó reponer miles de pensiones dadas de baja de forma irregular: “De 110.000 pensiones que se dieron de baja, 90.000 son personas que nunca recibieron ni el telegrama ni la carta documento”. También había ordenado poner en marcha la ley y, aseguró Arroyo, estaba por declarar nulo un DNU del Ejecutivo.
Por eso, denunció que el oficialismo “quiere ir contra el juez y quitarlo de la causa”, algo que calificó como un “nivel de crueldad imposible” y una señal de absoluta falta de humanidad. Sumó que, a diferencia de otros gobiernos de derecha en el mundo, “Argentina es el único que está haciendo esto, cuando nadie duda de que una tarea del Estado es atender a las personas con discapacidad”.
Para el diputado, la única herramienta que queda activa es el camino judicial. Afirmó que “hasta ahora la justicia falló a favor de las personas con discapacidad y su familia por una razón muy obvia y es que tienen razón y que el sistema ha colapsado”. Y describió el panorama con crudeza: “Estamos ante un colapso, la desesperación, un nivel de dolor inmenso de la familia”, dentro del mismo organismo donde “va plata, viene plata” sin respuestas.
