El gremio estatal intimó al Gobierno nacional para que derogue una resolución que elimina funciones clave del Programa de Metrología Legal. Advierten riesgo para el control público, el empleo y la seguridad de la población.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó judicialmente al Gobierno nacional para que deje sin efecto la Resolución 213/2025 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una norma que, según el gremio, desarticula un área estratégica del organismo y abre la puerta a un proceso de privatización de funciones históricas del Estado.
La resolución, publicada en diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, dispone que el INTI deje de prestar servicios regulados vinculados a la aprobación de modelos y verificaciones metrológicas, y que esas tareas pasen a ser realizadas por laboratorios y organismos privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
Desde ATE sostienen que la medida implica un vaciamiento del Programa de Metrología Legal, encargado de controlar instrumentos fundamentales para la vida cotidiana y la seguridad pública, como surtidores de combustible, balanzas comerciales, instrumentos médicos, alcoholímetros y cinemómetros.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue categórico al cuestionar la decisión oficial. “El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, afirmó, y advirtió que la norma compromete tanto las funciones de control del Estado como el empleo en todo el país.
Según datos aportados por el sindicato, 147 trabajadores dependen de manera directa o indirecta de las tareas vinculadas a metrología legal, certificación, aprobación de modelos y del Servicio Argentino de Calibración, lo que coloca a esos puestos laborales en una situación de incertidumbre.
“Esta resolución no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que también atenta contra la seguridad de toda la población”, señaló Aguiar al difundir la intimación judicial. En ese sentido, alertó sobre las consecuencias de delegar controles sensibles al sector privado: “Nunca imaginamos llegar a un escenario en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro”.
Desde el gremio también advirtieron que la desarticulación del área podría generar impactos concretos en el funcionamiento de numerosas empresas y afectar a millones de personas que dependen de la confiabilidad de estos sistemas de medición en actividades comerciales, sanitarias y de seguridad vial.
Ante este escenario, ATE anunció la convocatoria a plenarios y asambleas en todo el país para definir un plan de acción que tendrá como objetivo central lograr la derogación de la resolución y sostener el rol del Estado en el control metrológico.
Qué implica la Resolución 213/2025
El Programa de Metrología Legal del INTI cumple un rol clave en la fiscalización de instrumentos que impactan directamente en la salud, el consumo y la seguridad vial. Con la nueva normativa, el organismo deja de realizar la aprobación de modelos y la certificación del correcto funcionamiento de estos dispositivos, funciones que quedarán en manos de prestadores privados acreditados.
Desde el Gobierno nacional, la medida fue presentada como parte de un proceso de “modernización administrativa”, con el argumento de agilizar trámites y reducir demoras para el sector productivo. Sin embargo, desde ATE cuestionan que esa simplificación se haga a costa del control público y de la transparencia.
La resolución establece un cronograma escalonado para el cese de los servicios:
31 de enero de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
30 de abril de 2026 en la mayoría de las provincias.
30 de junio de 2026 en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
