Dos de las principales organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección General de Aduanas (DGA), AEFIP y SUPARA, presentaron formalmente un reclamo conjunto ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. El motivo de la acción es la «postura absolutamente negacionista» que ha mantenido el Sector Oficial frente a los pedidos de diálogo para abordar la problemática salarial y otras cuestiones laborales.
El documento, firmado en Buenos Aires el 17 de septiembre, detalla que, a pesar de los «numerosos esfuerzos» realizados por los sindicatos para abrir canales de comunicación y conformar una mesa paritaria, las autoridades de ARCA (organismo que agrupa a AFIP y DGA) han impedido cualquier tipo de negociación. Según los gremios, la administración ha adoptado un «mecanismo unilateral y arbitrario» para establecer las condiciones de trabajo, lo que ha imposibilitado toda discusión colectiva.
Ante esta situación, AEFIP y SUPARA decidieron elevar el conflicto a la máxima instancia, requiriendo la intervención de la autoridad de aplicación y exigiendo la urgente convocatoria de la Comisión Paritaria. El objetivo principal de la solicitud es poder abordar de manera formal y adecuada las demandas de los trabajadores, enfocadas en la revisión de los salarios y en la mejora de las condiciones laborales, incluyendo el marco de la reciente fusión de la AFIP y la DGA en el nuevo organismo denominado ARCA, que ha generado incertidumbre entre el personal.
Este reclamo conjunto subraya la escalada de la tensión entre los representantes de los trabajadores y la dirección del organismo, que afecta a miles de empleados en todo el país. La presentación ante la Secretaría de Trabajo busca una mediación y una respuesta formal, poniendo de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades de ARCA para el diálogo y la negociación colectiva. Los sindicatos, que representan a un amplio sector de los trabajadores del organismo, sostienen que la unificación en un solo ente no debe implicar un deterioro de los derechos laborales ni la pérdida de la capacidad de discusión gremial.
La Secretaría de Trabajo ahora tiene en sus manos la responsabilidad de mediar en este conflicto para evitar una profundización de las medidas de fuerza. Se espera una pronta respuesta por parte del organismo estatal para establecer un canal de negociación que permita resolver las diferencias y garantizar un marco de diálogo entre las partes.
