El diputado provincial Alejandro Acerbo presentó un proyecto para derogar la normativa vigente desde 1985 y otorgar mayor autonomía a los municipios. La iniciativa busca que los fondos recaudados por el alquiler de tierras ociosas junto a las rutas queden en las arcas locales, eliminando el actual reparto obligatorio con los Consejos Escolares.
La utilización agrícola de las franjas de tierra adyacentes a las rutas provinciales vuelve a estar en el centro del debate legislativo. Alejandro Acerbo, diputado de Fuerza Patria y exintendente de Daireaux, ingresó una propuesta para modificar sustancialmente el régimen de explotación de las banquinas, bajo la premisa de profundizar la descentralización y fortalecer la autonomía de los 135 municipios bonaerenses.
El proyecto apunta a derogar la Ley 10.342, sancionada hace casi cuatro décadas, por considerarla parte de un «esquema centralizado» que no responde a las urgencias territoriales actuales. La modificación principal radica en quién y cómo maneja el dinero generado por estos permisos de siembra, que hoy representan una superficie productiva considerable pero subexplotada o mal administrada.
El fin del reparto obligatorio
Actualmente, la ley bonaerense establece un esquema de distribución rígido para los fondos recaudados: el 60% debe destinarse a infraestructura escolar, el 20% a bomberos voluntarios o entidades de bien público, y el restante 20% al mantenimiento vial municipal.
Acerbo propone romper con esta estructura. Según su articulado, los ingresos pasarán directamente a una cuenta municipal y podrán ser utilizados según lo determine cada ordenanza local. El único condicionante que impone la nueva ley es que al menos un tercio de lo recaudado se reinvierta en el mantenimiento de los propios caminos o banquinas, dejando el resto a libre disponibilidad de los intendentes para las prioridades de cada distrito.
Plazos más largos y control provincial
Otro cambio significativo es la extensión de los permisos de uso. Mientras que la norma vigente solo permite contratos anuales, el proyecto de Acerbo propone llevarlos a un máximo de tres años, otorgando mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los productores interesados.
Pese a la transferencia de facultades administrativas a los municipios, la Provincia no perdería el control total. La Dirección de Vialidad conservaría la potestad de convalidar o revocar permisos si existieran razones de seguridad vial o interés público. «Se busca un modelo de coordinación interjurisdiccional que promueva el uso racional de suelos ociosos sin afectar la seguridad en las rutas», enfatizó el legislador.
El debate nacional y los antecedentes de la «125»
La discusión en La Plata coincide con un movimiento similar en el Congreso de la Nación. El diputado del PRO, Javier Sánchez Wrba, presentó en abril una iniciativa para habilitar el uso productivo en rutas nacionales, buscando revertir la prohibición impuesta en 2008 durante el conflicto por la Resolución 125.
Sin embargo, a diferencia de la propuesta de Acerbo, el proyecto nacional mantiene la centralidad en el Estado y destina los recursos exclusivamente al mantenimiento vial nacional. La coincidencia entre ambos sectores políticos respecto al potencial económico de las banquinas sugiere que, más allá de quién maneje la «caja», existe un consenso sobre la necesidad de sumar hectáreas productivas para potenciar el desarrollo local y regional
