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CAME destacó la suspensión de embargos dispuesta para las pymes por parte del Gobierno

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa valoró la decisión del Ministerio de Economía sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, aunque solicitó ajustes financieros en el plan de facilidades de pago.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió una postura oficial en la que consideró altamente positivo el reciente anuncio efectuado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, respecto de la suspensión de los embargos dictados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país.

La decisión gubernamental responde de manera directa a una gestión institucional que la entidad representativa del sector productivo pyme le había planteado de forma expresa al titular de la cartera económica en junio pasado. En aquella oportunidad, las autoridades de CAME le solicitaron formalmente al ministro Caputo que se interrumpiera de manera inmediata la traba de embargos preventivos y la aplicación de multas sobre los establecimientos pymes, argumentando la necesidad imperiosa de resguardar el nivel de actividad y el empleo. En ese marco, la confederación volvió a ratificar su firme respaldo a todas aquellas decisiones de política fiscal y económica que apunten a preservar la continuidad del entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible en el tiempo.

De forma complementaria, la conducción de CAME evaluó también como una medida favorable la implementación del nuevo plan de facilidades de pago anunciado por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual contemplará la incorporación de obligaciones tributarias vencidas hasta el 31 de octubre del corriente año.

No obstante la valoración positiva del instrumento, la entidad formuló una serie de observaciones puntuales para optimizar su alcance real sobre el sector. En primer lugar, CAME solicitó a las autoridades la eliminación del anticipo del 5 % exigido para poder acceder a la moratoria o plan de regularización, señalando que la obligación de integrar de manera inmediata dicho porcentaje inicial requiere un esfuerzo financiero que la mayoría de las pymes actualmente no se encuentran en condiciones operativas de afrontar.

Asimismo, desde la gremial empresarial remarcaron que el esquema de facilidades propuesto debería ofrecer una extensión mínima de 48 cuotas mensuales para la cancelación de las deudas. A su vez, reclamaron que el sistema permita refinanciar e ingresar aquellos planes de pago vigentes que aún no hayan caducado. Según concluyó la institución, la incorporación de estas modificaciones otorgaría un verdadero proceso de refinanciación y brindaría el oxígeno financiero imprescindible que la compleja coyuntura del sector pyme requiere en la actualidad.

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