La actual legislación penal juvenil fue sancionada en 1980, a través de la ley 22.278, y considera punibles a los ciudadanos partir de los 18 años, con un régimen especial para los que tienen 16 y 17. Pero el Gobierno envió a mediados del año pasado un proyecto de ley que bajaría la imputabilidad de 18 a 13 años.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social es presidida por el obispo de La Rioja, Dante Braida, y está integrada por su secretario ejecutivo, el laico Fernando Barilatti; el cardenal y arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic; monseñor Pedro Cannavó (obispo auxiliar porteño); el obispo de Quilmes, Carlos “Cacho” Tissera; monseñor Matías Vecino (obispo auxiliar santafesino); el obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana; y el obispo de Concepción, provincia de Tucumán, José Antonio Díaz.
Braida y sus compañeros de Pastoral tienen tres argumentos centrales para oponerse a Milei y compañía:
1) Entre las causas de la inseguridad está el narcotráfico: “Los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia”.
2) De acuerdo a la estadística oficial, los menores no son los que más delitos cometen. En 2023 (último dato publicado), los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total.
3) Escuchar a los especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. “No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos”, alertaron.
La posición de la Pastoral Social fue acompañada por la arquidiócesis de Córdoba, que comanda el cardenal cuartetero y segundo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Ángel “Ballín” Rossi.
Además se está recordando un documento firmado por la Vicaría de los Pobres, la Vicaría de los Jóvenes y la Pastoral Social cordobesa en el que sostienen que penalizar a los menores “no es la solución”.
En ese sentido, se justificó que “los menores que delinquen no son ‘aerolitos -fragmento de un meteorito- caídos de arriba’, tienen conexiones con los medios en los que crecen y viven y con los contextos socioeconómicos que los atraviesan” y piden “invertir todos los recursos que sean necesarios para: fortalecer a las familias, asegurándoles el derecho a la tierra, el techo y el trabajo (las 3 T)».
También, «hacer llegar a todos la necesaria seguridad alimentaria y las condiciones de salud integral; alentar, sostener económicamente, ofrecer capacitación a todos los niveles de educación pública; promover espacios de socialización integradora mediante el deporte, las artes, el trabajo comunitario, la recreación, las diversas manifestaciones culturales, mediante la asignación de los presupuestos necesarios”.
Las estadísticas oficiales de 2023 muestran que en el delito de robo de automotores, los inculpados de 0 a 15 años fueron el 4,74%, y los acusados entre 16 y 17 años, el 8,75%. En hurto de automotores fueron el 3,93%, y el 8,14% respectivamente.
En el de robo de motocicletas, los acusados menores de 0 a 15 años fueron el 5,10%; mientras que los acusados entre 16 y 17 años, fueron el 11,39% del total.
Y en los hechos denominados como “otros robos”, los acusados de 0 a 15 años fueron el 7,22%, mientras que los inculpados de 16 y de 17 años fueron el 10,65%. En “otros hurtos”, fue del 8,15% y 7,52%
Por último, los inculpados menores de 14 años por homicidios dolosos fueron sólo el 0,64% del total y los inculpados menores de 15 a 19 años el 13,12%.
