Una demanda colectiva (class action) en Nueva York y un «reporte de operaciones criminales» ante el FBI y el Departamento de Justicia (DoJ) complican la situación legal del Presidente Javier Milei. La querella acusa que el tuit promocional del token $LIBRA fue una declaración «altamente engañosa» y «estratégicamente planificada» que habría defraudado a miles de inversores, rastreando millones de dólares y poniendo el foco en el rol de su hermana, Karina Milei, como intermediaria y gestora de fondos.
Doble Frente Judicial: La Investigación que Acosa desde Estados Unidos
El escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que estalló hace meses, ha escalado hasta convertirse en un grave problema legal con ramificaciones internacionales para el Presidente Javier Milei. La causa no solo avanza en la Justicia Federal argentina, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, sino que tiene una dinámica propia en Estados Unidos, con dos frentes abiertos: una demanda colectiva económica en el tribunal federal de Nueva York y una denuncia criminal ante el Departamento de Justicia (DoJ) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
El eje central de la acusación, promovida por abogados de la class action en EE. UU., es que el mensaje posteado por Milei el 14 de febrero de 2025 en sus redes sociales, promocionando el token $LIBRA, no fue una simple opinión personal, sino una declaración «altamente engañosa» y «estratégicamente planificada» que llevó a «decenas de miles» de inversores, incluyendo ciudadanos estadounidenses, a ser defraudados. Las estimaciones de las ganancias ilícitas generadas por el presunto fraude masivo oscilan entre los 80 y 100 millones de dólares.
El principal acusado es el estadounidense Hayden Mark Davis, sindicado como el responsable detrás del lanzamiento de $LIBRA y de Kelsen Ventures. Sin embargo, las miradas en el expediente se han dirigido al círculo íntimo del mandatario argentino.
El Círculo Íntimo Bajo la Lupa: Karina Milei y el Rastro del Dinero
La investigación judicial en Estados Unidos y las querellas en Argentina han apuntado directamente al rol de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El interés de la justicia norteamericana radica en determinar si la hermana del presidente actuó como facilitadora o intermediaria clave en la promoción de los criptoactivos de Davis.
Según trascendió de expedientes judiciales en Nueva York, el propio Hayden Davis llegó a asegurar a inversores privados norteamericanos que le daba dinero a Karina Milei y que ella «hace todo lo que yo diga». Si bien esto no ha sido probado, es la primera vez que se vuelca en un expediente judicial en ese país el presunto «trasiego de dinero» entre Davis y la hermana del Presidente. Esta mención resulta sensible dado que, según el relato del propio Javier Milei, su hermana es quien se encarga de administrar y gestionar sus cuentas personales, incluso el pago de impuestos y servicios.
En Argentina, el caso se recalentó con el reciente pedido de detención e indagatoria para los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos traders sindicados como el nexo local entre Milei y Hayden Davis. Los querellantes rastrearon movimientos millonarios y «toda la trazabilidad» de fondos desde las billeteras digitales controladas por Davis hacia las de Novelli y Terrones Godoy, argumentando que intentan entorpecer la investigación y que hay riesgo de fuga.
La Decisión de la Jueza de Nueva York y el Argumento de la Defensa
La complejidad del caso en Estados Unidos tuvo un giro reciente de alto impacto. La jueza federal de Nueva York, Katherine Polk Failla Rochon, rechazó un pedido de embargo de acreedores internacionales sobre los fondos en disputa.
La magistrada argumentó que los millones de dólares generados por $LIBRA no serían propiedad del Estado argentino, sino que, según los indicios, podrían pertenecer a los impulsores del token, nombrando explícitamente a Javier Milei, Karina Milei o Hayden Davis. De esta manera, la justicia estadounidense desestima que los fondos sean nacionales, pero mantiene las sospechas sobre la propiedad personal de los mismos por parte del Presidente y su círculo.
Curiosamente, un argumento utilizado por el Presidente para desvincular el caso de su rol institucional podría jugarle en contra en EE. UU. Milei ha afirmado que su tuit fue emitido «a título personal», no como jefe de Estado. La jueza Rochon, al igual que los demandantes, podría apoyarse en esa afirmación para sostener la jurisdicción sobre Milei de manera personal en la class action, dejando la puerta abierta a que sea él, a título individual, quien deba responder por los perjuicios generados a los inversores.
En paralelo, en el Congreso argentino, la Comisión Investigadora del caso $LIBRA avanza con su propia pesquisa, analizando las comunicaciones y los movimientos financieros, y barajando la posibilidad de citar a Karina Milei y otros funcionarios para que brinden explicaciones sobre los presuntos vínculos con los «criptoaventureros» norteamericanos. Pese a las versiones difundidas en el entorno presidencial de que la causa en EE. UU. se había caído, los hechos judiciales recientes confirman que la investigación se mantiene activa y la presión legal sobre el entorno de la Casa Rosada no hace más que aumentar.
