Pedido de citación urgente y derivación internacional
La investigación por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó una compleja derivación internacional. La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una presentación ante el juez federal Ariel Lijo para solicitar, de manera urgente y mediante videoconferencia, la declaración testimonial de Nadia Shirley Beller Delgado.
Beller se encuentra actualmente internada en estado crítico en una clínica de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, luego de haber sido víctima de un atentado ejecutado por sicarios. La urgencia del pedido radica en la evidencia que la testigo asegura poseer: una serie de grabaciones y archivos digitales que permitirían esclarecer el origen de las escuchas telefónicas atribuidas al exfuncionario Diego Spagnuolo. Para la legisladora, tomar esta declaración resulta un paso indispensable para certificar la validez jurídica de las pruebas incorporadas a la causa y descartar posibles manipulaciones del material probatorio.
Los audios clave y la situación procesal de Cerimedo
El escrito presentado en la Justicia federal profundiza sobre la relación entre la víctima y el consultor digital Fernando Cerimedo, exasesor presidencial que se encuentra detenido en Bolivia bajo la sospecha de haber encargado el ataque armado contra Beller. Según consta en el planteo, la abogada custodiaría audios en los que el propio Cerimedo le habría reconocido la difusión deliberada de las escuchas oficiales para involucrar a integrantes del Poder Ejecutivo.
Ante la posibilidad de que la defensa intente impugnar el testimonio apelando al vínculo afectivo entre ambos, Pagano remarcó que las restricciones del Código Procesal Penal respecto a la abstención de declarar no aplican a relaciones no convivenciales o paralelas, definiendo la prueba testimonial como jurídicamente insustituible. A su vez, considerando que a la víctima le sustrajeron el teléfono celular durante el atentado perpetrado el pasado 17 de agosto, la presentación judicial solicitó preservar la cadena de custodia de la información almacenada en la nube e integrar de forma inmediata a la abogada en el Programa Nacional de Protección a Testigos.
