La fiscal Marina Lara ordenó procedimientos simultáneos para incautar los dispositivos de la comisión directiva del club. Se investiga si existieron presiones o acuerdos espurios con peritos oficiales para alterar los informes técnicos sobre la tragedia que dejó 13 víctimas fatales.
La investigación judicial por el desmoronamiento de la estructura del Club Bahiense del Norte, ocurrido durante el temporal del 16 de diciembre de 2023, ha derivado en una causa paralela de extrema gravedad institucional. En las últimas horas, la UFIJ N.º 7, bajo la subrogancia de la fiscal Marina Lara, ejecutó una serie de allanamientos que apuntan a desentrañar una presunta red de interferencias en las labores periciales.
El operativo se centró en el secuestro de los teléfonos celulares de los integrantes de la comisión directiva y allegados a la institución. La justicia busca determinar si existió una coordinación deliberada para influir en el contenido de los informes técnicos que deben precisar las responsabilidades penales y civiles tras la muerte de 13 personas bajo los escombros del gimnasio.
La hipótesis del encubrimiento
Esta pieza separada de la causa principal indaga los delitos de falso testimonio e interferencia en el ejercicio de las funciones periciales. La sospecha de los investigadores radica en que directivos o personas vinculadas al club habrían mantenido contactos con peritos oficiales durante la elaboración de los informes técnicos.
El objetivo de estos presuntos contactos habría sido la presentación de una versión de los hechos que no comprometiera la situación procesal de los dirigentes. Se intenta establecer si los peritos recibieron instrucciones o acordaron modificar conclusiones sobre el estado previo de la pared que colapsó, buscando desviar la responsabilidad hacia la excepcionalidad del evento climático y omitiendo posibles fallas en el mantenimiento o construcción de la estructura.
Un giro clave para el proceso
Los dispositivos móviles incautados serán sometidos a una exhaustiva pericia tecnológica. Los peritos informáticos buscarán registros de llamadas, chats de WhatsApp y correos electrónicos que puedan confirmar o descartar las sospechas de la fiscalía.
Este procedimiento representa un paso fundamental en la búsqueda de transparencia para una causa que mantiene en vilo a la comunidad bahiense y, fundamentalmente, a las familias de las víctimas. De comprobarse la interferencia, los involucrados no solo enfrentarían consecuencias por la tragedia original, sino también cargos por obstrucción a la justicia y falsedad ideológica, lo que podría agravar significativamente el panorama judicial para la dirigencia del club.
