Oficiales de justicia y notificadores de la Provincia de Buenos Aires mantienen medidas de fuerza, incluyendo la retención de firmas hasta el 30/11, en reclamo por una actualización urgente en el pago de movilidad y la incorporación de personal. La escasez de trabajadores, sumada a los magros salarios, está generando un severo retraso en la “mecánica judicial”, obligando a la reprogramación de juicios y demandas.
Los Oficiales Notificadores y de Justicia de la Provincia de Buenos Aires han intensificado sus medidas de fuerza ante la falta de respuestas a sus reclamos salariales y de personal, llevando a una virtual paralización en la notificación de mandamientos judiciales no urgentes. La medida, que incluye la retención de firmas y la limitación de tareas a solo cinco cédulas diarias por agente, se mantendrá vigente hasta el 30 de noviembre, según lo resuelto por la Comisión Provincial de Mandamientos y Notificaciones, y respaldado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
La protesta se centra en dos problemas básicos que, según el sector, han alcanzado un punto crítico: la falta crónica de personal y la desactualización del ítem de movilidad.
La parálisis por la falta de recursos
El déficit de personal ha impactado directamente en la capacidad operativa del Poder Judicial. El rol de los notificadores es vital, ya que se ocupan de informar todos los pasos de los juicios, desde el inicio de la demanda, el traslado de información y la citación para audiencias, hasta tareas sensibles como desalojos, embargos e internaciones.
A nivel local, la situación es dramática. Según detalló Francisco Buján, titular de la AJB, a CanalSiete, en la ciudad la dotación de Oficiales de Justicia se redujo de 21 a tan solo 11 agentes debido a las jubilaciones, mientras no se realizaron las incorporaciones necesarias. “Siendo 16/17 personas ya podrían trabajar normal”, señaló Buján, explicando que la actual escasez obliga a los once agentes a trabajar jornadas de hasta 12 horas diarias.
La sobrecarga laboral y la falta de agentes tienen un efecto directo en los tiempos de la justicia. La limitación de tareas impuesta como medida de fuerza, que implica realizar solo las cédulas más urgentes, está retrasando la «mecánica judicial». Esto se traduce en la necesidad de reprogramar numerosos juicios, demandas y citaciones, excepto en el fuero de Familia, donde se mantiene la operatividad por tratarse de temas sensibles y urgentes.
Reclamo de movilidad y salarios
El segundo gran punto de conflicto es el pago por la movilidad. Los notificadores provinciales denuncian que la suma diaria destinada a cubrir los gastos de traslado es completamente insuficiente. A nivel provincial, el reclamo es por un aumento urgente de lo que actualmente se les paga, que es de $11.000 pesos por día hábil (calculado sobre 20 días hábiles).
Este monto ha quedado pulverizado por los constantes aumentos en el precio de los combustibles y el mantenimiento de los vehículos, obligando a los trabajadores a costear gran parte de su labor de su propio bolsillo. La medida de retención de firmas es un recurso extremo utilizado para visibilizar este malestar ante las autoridades provinciales, exigiendo una actualización que refleje el costo real de la tarea.
Próximos pasos
Ante la «falta de respuestas» por parte de la dirección provincial, la medida de fuerza se mantendrá inalterable hasta el final del mes. El próximo 1 de diciembre se llevará a cabo una nueva asamblea del sector. En este encuentro, los trabajadores evaluarán la situación actual y definirán la continuidad de las medidas de protesta o la posibilidad de profundizar el conflicto si no se satisfacen sus demandas de incremento salarial en la movilidad y la urgente incorporación de personal.
La AJB ha propuesto incluso soluciones alternativas para mitigar la falta de personal, como el traslado de ordenanzas al área de notificaciones, una propuesta que, según Bujan, tampoco ha logrado concretarse, agravando la situación de colapso en un área crítica para el funcionamiento diario de la justicia.
