La legisladora nacional presentó nueva documentación y un relevamiento de afiliados ante la Justicia Federal. La causa investiga presunta administración fraudulenta y malversación de caudales públicos ante el colapso del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La crisis sanitaria que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. La diputada nacional Lourdes Micaela Arrieta formalizó una ampliación de la denuncia penal contra el Ministro de Defensa, Luis Alfonso Petri, y otros posibles responsables, bajo cargos que incluyen fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y abandono de persona.
La presentación, realizada en el marco de la causa CFP 1066/2026, incorpora un relevamiento detallado de afiliados y sus familiares que expone la situación crítica de la obra social a nivel país. Según el escrito judicial, los testimonios recolectados tras una convocatoria pública revelan un patrón de falta de cobertura médica, interrupción de tratamientos vitales y ausencia generalizada de prestadores.
Relatos de abandono y desprotección
La documentación aportada por Arrieta no se limita a cifras administrativas, sino que pone rostro a la crisis. «Detrás de cada expediente hay una historia humana», señaló la legisladora, haciendo hincapié en la vulnerabilidad de pacientes oncológicos y personas con discapacidad que han perdido sus prestaciones básicas. Entre los puntos más críticos denunciados se encuentran:
Suspensión de tratamientos: Pacientes con patologías crónicas que no reciben asistencia.
Falta de medicamentos: Dificultades extremas para acceder a fármacos esenciales.
Derivaciones forzadas: El sistema deriva a sus afiliados al colapsado sector público ante la falta de convenios privados.
Demoras en reintegros: Afectaciones directas al patrimonio de los retirados y personal en actividad.
Uno de los casos más emblemáticos incorporados a la causa es el del Suboficial Mayor Héctor Carlos Velázquez, de San Juan. Su fallecimiento tras padecer una enfermedad oncológica avanzada en medio de graves dificultades de cobertura sanitaria fue destacado como un símbolo del «sufrimiento silencioso» que atraviesan las familias militares.
La vía judicial como última instancia
La diputada por Mendoza subrayó que esta acción no representa una disputa política, sino una «obligación moral» ante el deterioro de la institucionalidad y la salud de quienes sirven a la Patria. La denuncia apunta directamente a la demora en los pagos y la negativa a entregar bienes esenciales para la salud.
Por el momento, la Justicia Federal deberá analizar las nuevas medidas de prueba solicitadas y la documentación adjunta para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios del área de Defensa y de la administración de la obra social. Arrieta solicitó además la reserva de datos sensibles de los afiliados que aportaron sus testimonios por temor a represalias institucionales.
