En el marco de una jornada nacional de protesta, el secretario académico de la Universidad Nacional del Sur, Mariano Garrido, denunció el impacto de la crisis salarial y la falta de aplicación de la ley de financiamiento. Estudiantes y docentes se manifestaron en Bahía Blanca para visibilizar el conflicto.
El sistema universitario nacional atraviesa una de las crisis presupuestarias más agudas de las últimas décadas. Bajo la consigna “La Universidad no se apaga”, instituciones de todo el país iniciaron una jornada de protesta de 48 horas con el objetivo de alertar a la sociedad sobre el desfinanciamiento que pone en riesgo el funcionamiento académico y administrativo del nivel superior.
En Bahía Blanca, la visibilización del reclamo se trasladó a las calles con un “semaforazo por la educación pública” en la intersección de las avenidas Alem y Córdoba. Allí, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) se manifestaron junto a vecinos de la comunidad que se acercaron para respaldar la educación gratuita y de calidad.
El impacto en el aula y el bolsillo
Mariano Garrido, secretario académico de la UNS, analizó el complejo escenario actual y fue tajante al afirmar que la situación “se está volviendo insostenible”. La preocupación central no solo radica en los gastos de funcionamiento básico de los edificios, sino en la pérdida del poder adquisitivo de quienes sostienen el sistema.
“Es muy difícil trabajar, es muy difícil para las personas que no llegan a fin de mes con sus sueldos y también para nosotros desde la universidad para poder dar una educación de calidad”, explicó el funcionario. Según Garrido, la precarización salarial atenta directamente contra la excelencia académica, ya que la incertidumbre económica de los trabajadores impacta en el desarrollo de las actividades cotidianas.
La ley de financiamiento en el centro de la escena
Uno de los puntos de mayor fricción es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe recordar que la norma fue aprobada por insistencia en el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, su implementación efectiva sigue dilatándose, a pesar de la existencia de fallos judiciales que instan al Gobierno a su cumplimiento.
“La norma aún no se aplica, lo que profundiza las dificultades del sistema”, advirtió Garrido. Asimismo, destacó que la unificación del reclamo a nivel federal es la única vía para generar la presión necesaria y lograr que se respeten los recursos asignados por ley. “Seguimos insistiendo y manifestando nuestro desacuerdo”, sostuvo el secretario académico, quien remarcó que la participación masiva de la comunidad es la clave para exponer las dificultades que enfrentan las instituciones para sostener sus puertas abiertas.
