El informe de Industriales Pymes Argentinos reveló un aumento drástico en las presentaciones judiciales durante el último año. El sector exige al Congreso una ley de emergencia económica para frenar el cierre de fábricas y proteger puestos de trabajo.
La asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió sobre un deterioro acelerado en el tejido productivo del país. Según datos difundidos por la entidad, los concursos preventivos de empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispararon un 131,71% en el último año, una cifra que, según las proyecciones del sector, podría superar los récords registrados durante la pandemia.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, calificó la situación como una «crisis terminal» y reclamó al Poder Ejecutivo y al Congreso la urgente sanción de una ley de emergencia económica. Según la entidad, la inacción frente a este panorama agrava la pérdida de unidades productivas, que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 alcanzó un total de 24.437 cierres.
Impacto en el empleo y la producción
El reporte, elaborado por el Departamento de Legales de IPA, detalló que el cierre de empresas no solo implica una pérdida patrimonial, sino una consecuencia social de gran magnitud: 327.813 trabajadores quedaron fuera del sistema de riesgos del trabajo. Además, el sector denuncia un proceso de desinversión histórico, el primero de este tipo en los últimos 22 años, que se suma a una capacidad ociosa instalada que alcanza el 40,2%.
Germán Pizzano, titular del área legal de IPA, explicó que frente a la parálisis económica, muchas empresas han optado por estrategias de supervivencia extremas. «Se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores» ante la imposibilidad de sostener la producción manufacturera.
El colapso en los tribunales
La saturación de los tribunales comerciales es, para IPA, un indicador claro de la realidad del sector. Durante 2025 se abrieron 190 concursos preventivos, frente a los 82 del año 2023. La tendencia se mantuvo al alza en los primeros meses de 2026, con 92 procesos abiertos solo en el primer trimestre judicial (febrero, marzo y abril).
Ante este escenario, la entidad impulsa un paquete legislativo de emergencia, similar a la Ley 25.563, que contemple la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, y facilite el acceso a soluciones preventivas. El objetivo, aseguran, no es implementar cambios profundos en el sistema concursal, sino otorgar un respiro paliativo que permita a las pymes recuperar capital de trabajo.
No obstante, desde la cámara empresarial enfatizaron que ninguna normativa de emergencia será suficiente si no se corrigen las condiciones macroeconómicas que impiden el desarrollo del mercado interno, la recuperación del consumo y la reactivación del empleo.
