El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó duramente al Poder Ejecutivo tras la decisión de retirar el pliego de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, señalando la medida como una represalia directa contra el trabajo periodístico de Hugo Alconada Mon.
Un nuevo conflicto institucional ha surgido a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de dar marcha atrás con la postulación de María Verónica Michelli para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó esta maniobra como un «escándalo institucional» y exigió al Senado de la Nación que defienda sus facultades frente a las presiones del gobierno.
Vínculos, sospechas y acusaciones
Según denunció el legislador, el retiro del pliego no se sustenta en criterios técnicos, sino en una represalia encubierta hacia la labor periodística de Hugo Alconada Mon, debido al parentesco que lo une con la candidata. Ferraro afirmó que esta acción busca enviar una señal disciplinadora hacia quienes realizan investigaciones sobre hechos de corrupción que incomodan al poder de turno.
En su descargo, el diputado apuntó explícitamente contra la figura de Karina Milei, cuestionando su injerencia en las decisiones estratégicas del Ejecutivo. Asimismo, criticó que el tratamiento de las vacantes en los juzgados federales se maneje bajo una «lógica corporativa» o de intercambio de favores, advirtiendo que este tipo de proceder sienta un peligroso precedente autoritario para las instituciones de la República.
Advertencia sobre la calidad democrática
Hacia el final de su presentación, Ferraro definió el accionar oficialista como una «metodología mafiosa» diseñada para castigar indirectamente a los investigadores estatales a través de sus entornos afectivos. El legislador instó a los senadores nacionales a rechazar estas maniobras, advirtiendo que, de consolidarse esta estrategia, cualquier investigación sobre el gobierno traerá consecuencias nocivas para los familiares de los periodistas.
La controversia, que ha escalado rápidamente en la escena política, promete mantener en estado de alerta a los bloques opositores en las próximas sesiones parlamentarias ante lo que consideran un ataque a la libertad de expresión y a la independencia judicial.
