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Desalojan una fiesta clandestina con 100 personas en el barrio Pampa Central

El operativo se desplegó tras las denuncias de vecinos por ruidos molestos en una vivienda de calle Manuel de Molina al 1700. Personal policial y fuerzas especiales desalojaron el «after» que no contaba con ningún tipo de habilitación municipal.

La mañana de este domingo se vio interrumpida en el barrio Pampa Central por un importante despliegue de seguridad. Pasadas las 9:30 horas, diversas fuerzas policiales irrumpieron en una vivienda particular donde se desarrollaba una fiesta privada no autorizada, conocida habitualmente como «after», tras recibir reiteradas quejas de los residentes de la zona por los ruidos y el movimiento de personas fuera de horario.

Un operativo conjunto

La intervención en el domicilio de Manuel de Molina 1770, propiedad de Walter Gabriel Tartuferi (44), requirió la coordinación de múltiples estamentos de seguridad. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta, junto a integrantes del Grupo Táctico Operativo (GTO), la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el Comando de Patrullas.

Al ingresar al inmueble, los uniformados constataron que en el interior se encontraban aproximadamente 100 personas. La orden fue clara: el cese inmediato de la música y el desalojo total de los asistentes. Según el reporte oficial, el procedimiento se llevó a cabo de manera ordenada y no se registraron incidentes violentos ni resistencia por parte de los presentes.

Consecuencias legales y ordenanzas

El evento carecía de cualquier medida de seguridad y de la habilitación municipal correspondiente para realizar actividades de este tipo en un domicilio particular. Debido a esto, se labraron actuaciones judiciales por la infracción a las Ordenanzas Municipales 21.432 y 16.870 (modificadas por la 20.160), que regulan y prohíben la organización de eventos masivos sin autorización.

Toda la documentación y las actas de infracción fueron remitidas al Magistrado Municipal de turno. El propietario de la vivienda deberá ahora afrontar las sanciones económicas y legales pertinentes por violar la normativa vigente y alterar la convivencia ciudadana en el sector.

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