Graciela López debió abandonar su vivienda en medio de una denuncia por fraude profesional. Desde el municipio confirmaron que la mujer fue asistida y advirtieron por el aumento de personas que pierden su hogar en la ciudad.
El desalojo de Graciela López, una jubilada residente del exclusivo barrio Palihue, ha conmocionado a la comunidad de Bahía Blanca no solo por la crudeza de la medida judicial, sino por el trasfondo de una presunta estafa procesal. La mujer sostiene que fue víctima de una maniobra fraudulenta orquestada por dos abogados y un escribano, quienes habrían utilizado firmas apócrifas para despojarla de su propiedad. Tras ejecutarse el lanzamiento, el municipio activó un protocolo de asistencia para contener a la damnificada.
El operativo de contención
Romina Pires, secretaria de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario de la comuna, detalló el abordaje humano realizado durante la tarde de ayer. Según la funcionaria, los equipos de guardia social se hicieron presentes alrededor de las 17:00 horas, encontrando a una mujer profundamente angustiada y rodeada de su círculo íntimo.
«Lamentablemente, cada vez hay más personas en situación de vulnerabilidad. Las situaciones son diversas y ha crecido el número de gente que, por distintos motivos, no pueden pagar el alquiler o atraviesan crisis como la de Graciela», explicó Pires. La funcionaria subrayó que, tras un diálogo inicial complejo debido al estado emocional de la jubilada, se logró que aceptara el traslado al «Hogar de Nati», una de las instituciones con las que el municipio articula para brindar techo y asistencia integral.
Incertidumbre y batalla judicial
Aunque Graciela pasó los primeros momentos tras el desalojo en el refugio municipal, posteriormente fue retirada por allegados para pernoctar en un domicilio particular. Sin embargo, su situación habitacional a mediano plazo sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, sus abogados patrocinantes trabajan a contrarreloj para presentar la documentación que acreditaría la estafa.
La denuncia apunta a una red de profesionales que habrían manipulado expedientes y falsificado rúbricas para lograr el traspaso de la titularidad del inmueble. Este caso, que combina la problemática de la vulnerabilidad de la tercera edad con el presunto accionar delictivo de auxiliares de la justicia, ha encendido las alarmas sobre los mecanismos de control en las transacciones inmobiliarias y los procesos de desalojo de personas mayores.
Estructura de asistencia municipal
Desde la Secretaría de Políticas Sociales recordaron que el municipio cuenta con dos guardias permanentes: una específica para niñez y otra de carácter integral para situaciones de emergencia habitacional o riesgo social. «Nuestra prioridad es la dignidad de la persona. En casos de desalojo, ofrecemos el sistema de camas y el acompañamiento de trabajadores sociales para que nadie quede en la calle sin una alternativa», concluyó Pires.
