El Congreso viene de darle varios golpes al Ejecutivo. Esta semana, la oposición, con el apoyo de aliados, logró voltear el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio del escándalo por las coimas en ANDIS. Mientras evalúa la estrategia judicial, todavía quedan pendientes los vetos del proyecto de los gobernadores por los ATN, la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario.
En medio del escándalo por las coimas en ANDIS que sacudió al Gobierno y el cierre de campaña de cara a las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires, el Congreso le propinó un duro golpe al Ejecutivo rechazando el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Una vez que pase el clima electoral, la gestión libertaria definirá la judicialización del rechazo parlamentario al veto y publicará los vetos restantes a otras tres leyes que “afectan” el equilibrio fiscal.
El pasado jueves, el Senado logró rechazar un veto presidencial después de 22 años. Con una fuerte presión social, la oposición se unió a aliados temporales del Gobierno juntando 63 votos positivos contra sólo 7 negativos, de los cuales 5 fueron de La Libertad Avanza, el formoseño Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero.
A pesar de la amplia diferencia que consiguió en ambas cámaras y la imposibilidad de alguna medida en el Parlamento, el Gobierno está decidido a judicializar la medida. “Vamos a vetar y, si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, había dicho Milei durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario hace unas semanas.
La estrategia con la que el Gobierno irá a la justicia se basa en que el proyecto, supuestamente, no específica acerca de cómo se va a financiar la aplicación de la norma. En ese sentido, se ampararánen el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la normativa tendría un impacto estimado de entre el 0,22% y 0,42% del PBI. Desde la Casa Rosada admiten que los recursos no fueron contemplados ni en el presupuesto prorrogado actual ni en las proyecciones para el próximo año.
Mientras esto ocurre, se espera que el Ejecutivo publique en los próximos días los vetos a tres leyes que fueron sancionadas por el Congreso, que podrían traerle nuevos problemas con los gobernadores. La semana pasada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue consultado sobre si vetarán específicamente la Ley de Emergencia en el Garrahan, cosa que el funcionario evitó mencionar que “no puede” decir “por una o por otra”, generalizando todos los futuros vetos, y reiteró que «si no tenemos fondos para financiarlas, van a ser vetadas”.
La estrategia de Francos fue clara, evitar mencionar un tema sensible para la sociedad como es la salud pediátrica, pensando que estaba en la semana previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ahora llegará el momento de definir qué hacer con la ley.
Pero no es la única ley que espera la publicación por parte de las autoridades del Congreso. También está una ley que podría causarle nuevos problemas a la gestión de Milei con los gobernadores, como es el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional. La iniciativa prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que “la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.
El proyecto fue acompañado por unanimidad por todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que no contempla grietas políticas. Por esto, de vetar la ley, podría provocar nuevamente la reacción en contra de los mandatarios provinciales.
El último caso es el del financiamiento universitario. Con este tema, como pasó el año pasado, Milei no tendría grandes incovenientes en vetarlo para luego volver a negociar con los aliados para ratificar el veto. Sin embargo, en ambas cámaras hubo un importante apoyo que podría complicar los planes del Gobierno. La semana pasada, en la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Rosario, se decidió que convocarán a una nueva marcha federal en el caso de que se concrete el veto.
