La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró formalmente en revisión al Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa parlamentaria incluye dentro de su articulado integral la restitución efectiva de la Ley de Tierras Rurales, lo cual implica que los ciudadanos y corporaciones extranjeras volverán a contar con límites normativos precisos para la adquisición y posesión de terrenos e inmuebles rurales en el territorio de la República Argentina.
El proyecto de ley, que de forma paralela introduce modificaciones sustanciales para encarecer los costos de las expropiaciones encaradas por el Estado nacional y otorga mecanismos judiciales para facilitar y agilizar los procedimientos de desalojo, obtuvo la aprobación en el recinto con el voto favorable de 124 legisladores. En contraposición, 119 parlamentarios rechazaron la propuesta y seis optaron por la abstención durante el conteo final de las bancas.
La estructura de apoyos que permitió darle luz verde a la iniciativa estuvo conformada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Producción y Trabajo, sumado al acompañamiento de un sector de las bancadas de Provincias Unidas y Argentina Federal. Por el contrario, los integrantes de Unión por la Patria, las fuerzas de izquierda y diversos legisladores de extracción provincial votaron en contra, al tiempo que se registraron abstenciones por parte de los diputados cordobeses y de Álvaro González, integrante del espacio político que encabeza Mauricio Macri.
Topes a la titularidad extranjera y celeridad en los desalojos
En lo relativo a la regulación de los recursos naturales y del suelo nacional, el texto normativo aprobado vuelve a contemplar de manera expresa un límite máximo del 30% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales tanto a nivel nacional como en los ámbitos provinciales y departamentales. Asimismo, la ley reinstaura un tope individual de hasta 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo del campo argentino, manteniendo restricciones específicas sobre inmuebles que contengan o limiten con espejos de agua continentales y zonas de seguridad de frontera.
En forma complementaria, el proyecto introduce reconfiguraciones en los procedimientos administrativos y legales vinculados con las expropiaciones estatales para elevar su costo financiero, al tiempo que apunta a reducir de manera drástica los tiempos judiciales necesarios para recuperar inmuebles o propiedades que hayan sido objeto de usurpación o cuya tenencia ostente carácter irregular o ilegal.
Durante el desarrollo del debate en el recinto, el diputado perteneciente a La Libertad Avanza Santiago Santurio tomó la palabra para defender los postulados de la propuesta oficialista, sosteniendo que con este marco regulatorio se comienza a «respetar el derecho a la propiedad». En esa misma línea de argumentación, el legislador advirtió sobre las consecuencias económicas de las ocupaciones ilegales al manifestar enfáticamente: «Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas». La posición sostenida por el bloque gubernamental contó con el aval técnico y político de las bancadas del PRO, la UCR y otros espacios aliados.
Las duras críticas de la oposición y el debate de fondo
Desde el arco opositor, las intervenciones reflejaron marcados cuestionamientos tanto a la estrategia parlamentaria como a los giros conceptuales del Poder Ejecutivo. El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó duramente el cambio de posición adoptado por el Gobierno respecto de la normativa de tierras, recordando la pretensión derogatoria previa impulsada por el oficialismo. «Javier Milei tiene en su escritorio la foto de Margaret Thatcher, pero un rayo milagroso lo convenció de defender Malvinas», ironizó el legislador, señalando que la restitución de los límites fue incorporada de forma posterior dentro de un proyecto que en su génesis buscaba modificar de raíz el marco regulatorio, exponiendo las contradicciones existentes entre el discurso libertario y las decisiones legislativas concretas.
A su turno, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro criticó las tentativas previas de dejar sin efecto las regulaciones protectoras sobre los recursos naturales y cuestionó el estilo de articulación parlamentaria de la Casa Rosada: «Prometen seguridad jurídica pero degradan constantemente la democracia y al debate público», aseveró en el recinto.
Por su parte, la diputada del bloque de Unión por la Patria Lucía Cámpora centró sus objeciones en las modificaciones al régimen de expropiaciones. Durante su intervención, Cámpora afirmó que las trabas y encarecimientos fijados para las intervenciones estatales buscan en el fondo «blindar las privatizaciones», defendiendo a su vez la histórica recuperación estatal de la petrolera YPF como un antecedente fundamental en la construcción de la soberanía energética de la República Argentina.
Vandalismo rural y trazabilidad de fármacos: la agenda de la sesión
Tras la intensa discusión y posterior votación sobre el régimen de propiedad privada, la Cámara de Diputados dio continuidad al orden del día otorgando media sanción al proyecto que dispone la creación del Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud. Esta iniciativa se encuentra focalizada en el monitoreo y control estricto de medicamentos y fármacos de alto riesgo sanitario, con especial énfasis en sustancias de alta peligrosidad como el fentanilo.
De igual modo, el cuerpo legislativo dio aprobación con media sanción a una iniciativa que busca incorporar formalmente la figura del vandalismo rural dentro de las tipificaciones del Código Penal. La norma fija penas severas de hasta 10 años de prisión para quienes cometan intrusiones en establecimientos agropecuarios, rotura de silobolsas o ataques directos contra el sistema de producción y la infraestructura del sector primario.
El temario de la extensa jornada de debate parlamentario, cuya finalización se preveía para altas horas de la madrugada del jueves, incluyó además el tratamiento de proyectos abocados a la temática de la discapacidad y abordajes normativos para hacer frente al endeudamiento de las familias.
