La votación de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026 en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca desató un enfrentamiento interno en el bloque opositor de Juntos. Los concejales Adrián Jouglard y Gonzalo Vélez mostraron posturas abiertamente contrapuestas respecto a la suba de la Tasa de Servicios Urbanos, a pesar de coincidir en la necesidad de obras hidráulicas para la ciudad.
La sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de este jueves estuvo marcada por un debate trascendental sobre la Ordenanza Fiscal Impositiva (OFI) correspondiente al ejercicio 2026. Aunque el proyecto fue finalmente aprobado, el proceso evidenció una profunda división en el seno del bloque Juntos, la principal fuerza de oposición al Ejecutivo municipal.
El centro de la disputa se focalizó en dos puntos clave de la nueva normativa: la creación de una contribución solidaria y excepcional a las grandes industrias (petroquímicas y cerealeras) destinada a financiar obras hídricas, y el cambio en la fórmula de actualización de las tasas residenciales, que reemplaza el concepto de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (ALC) por el de Tasa de Servicios Indirectos.
La voz de la disidencia: Jouglard denuncia un «aumento impagable»
Adrián Jouglard, quien se desempeña como presidente del bloque Juntos en el HCD, manifestó su más enérgico rechazo a la metodología y al timing con que se introdujo el aumento de las tasas que recaen directamente sobre el bolsillo del contribuyente.
El edil criticó que, una vez que se resolvió la discusión inicial sobre la sobretasa a las grandes empresas —la cual, de por sí, ya había generado un fuerte rechazo en el sector privado que la calificó como «anti RIGI» y una amenaza para la actividad económica—, se hizo visible el incremento a los vecinos.
«Ahora aparecen a la luz algo que venía manifestando hace rato, el aumento de las Tasas de los Servicios Urbanos, que modifica la fórmula para calcularlo, con un aumento real en algunos casos del 50% y en otro más», sostuvo Jouglard.
El concejal puso el foco en la falta de transparencia y en el impacto directo en la comunidad, especialmente para aquellos que aún luchan por recuperarse de los daños provocados por los graves sucesos climáticos ocurridos en diciembre. «Las tasas se fueron recomponiendo en lo que había y este aumento hace un salto muy grande sobre el bolsillo de los contribuyentes que fueron afectados en la inundación», admitió.
Jouglard insistió en que el proyecto, tal como se presentó, podría resultar en una tasa «impagable para muchos ciudadanos» y cuestionó el momento de la votación: «Son dos cosas que deberían debatirse y no traerlo de los pelos en el cierre de una gestión cuando queda todo diciembre para discutirlo», concluyó, abogando por un debate más sincero sobre los gastos municipales.
La defensa de Vélez: un voto por la previsibilidad y las obras
En la vereda opuesta dentro del mismo espacio político, el concejal Gonzalo Vélez defendió la necesidad de aprobar la Fiscal Impositiva, argumentando que su postura se basa en el compromiso con los bahienses y las obras de infraestructura impostergables.
Vélez confirmó el acompañamiento a la normativa, poniendo como condición el consenso logrado: «Lo decidimos con los condicionamientos que habíamos planteado, ya que respeta el consenso, la discusión y buena disposición de las partes, ya que es de carácter excepcional y por única vez, además de pensar en Bahía», señaló.
El concejal destacó la aprobación de la contribución solidaria de las industrias petroquímicas y cerealeras como un mecanismo fundamental para crear un fondo de inversión para las 13 obras hidráulicas y de mejora que la ciudad necesita urgentemente. «Consideró también importante pensar en las 13 obras y mejoras para que la gente tenga una tranquilidad cuando se den situaciones climáticas complicadas en la ciudad», afirmó, ligando directamente el aumento de la presión fiscal a la seguridad de los ciudadanos.
Respecto al controvertido aumento de las tasas urbanas, Vélez hizo hincapié en la inviabilidad financiera del sistema actual. «Hay que mirarlo con un cambio de sistemas, ya que con lo que se recauda hoy no llega a cubrir el 30% de lo que gasta el municipio», explicó. A su criterio, la nueva modalidad de tasa de Servicios Indirectos es una forma de darle «una provisionalidad al Ejecutivo para poder actuar ante las necesidades de la gente», garantizando el mantenimiento de servicios públicos esenciales como el de cámaras de seguridad, espacios públicos y calles.
El contexto de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026
La Ordenanza Fiscal Impositiva 2026, impulsada por el Ejecutivo del intendente Federico Susbielles, se presentó como una herramienta crucial para la reconstrucción de la ciudad y la planificación a largo plazo de la infraestructura.
Además de las polémicas subas de tasas y la contribución extraordinaria de la que habló Vélez, la normativa contiene un paquete de exenciones destinadas a aliviar la carga de sectores vulnerables y fomentar la actividad económica. El proyecto incluye la eliminación de tasas para miles de monotributistas de categorías bajas (A, B y C), oficios no organizados y jubilados y pensionados de bajos ingresos, así como exenciones para nuevos comercios e industrias que decidan radicarse en el partido.
A pesar de estas exenciones, el debate interno en Juntos subraya la tensión constante entre la necesidad de aumentar la recaudación para hacer frente a las inversiones necesarias post-catástrofe y el impacto político y económico de un aumento en la presión fiscal sobre el contribuyente de a pie. La aprobación de la OFI, con este cruce en el medio, confirma que la agenda municipal se define ahora en función de la emergencia climática y la búsqueda de financiamiento para la infraestructura resiliente.
