La presidenta del HCD, Gisela Caputo, junto a concejales de distintos bloques, presentó un proyecto de resolución para fijar postura frente a los incidentes del pasado 3 de abril. La iniciativa no solo repudia el bloqueo, sino que solicita formalmente que los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia evalúen sanciones ante conductas que excedan la actividad sindical.
El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca tratará este jueves un proyecto de resolución que expresa un enérgico rechazo a los hechos ocurridos en el Bahía Blanca Plaza Shopping el pasado Viernes Santo. La propuesta, impulsada por Gisela Caputo (PRO) y acompañada por los ediles Emiliano Álvarez Porte, Fabiana Úngaro y Carlos Alonso, surge tras la interrupción del normal desarrollo de las actividades económicas y la obstrucción de accesos que afectó a comerciantes, trabajadores y vecinos.
El eje central del proyecto radica en la defensa del equilibrio entre derechos constitucionales. Si bien el cuerpo deliberativo reconoce la plena vigencia del derecho a manifestarse, el texto subraya que su ejercicio no puede vulnerar el derecho al trabajo, a la libre circulación y al desarrollo de actividades lícitas. Para los autores, la utilización de prácticas intimidatorias o «patoteriles» no constituye un mecanismo legítimo para la resolución de conflictos en una sociedad democrática.
Sin necesidad de nuevas normas
Desde los bloques que impulsan la medida, se coincidió en que el ordenamiento jurídico vigente —a través de la Constitución Nacional y los códigos Civil y Penal— ya contempla límites claros frente a conductas que afecten derechos de terceros o el orden público. En este sentido, Caputo fue contundente: «No se trata de crear nuevas normas, sino de hacer cumplir las existentes. Cuando un reclamo se transforma en violencia o presión sobre quienes quieren trabajar, deja de ser un reclamo legítimo y pasa a ser un abuso».
La iniciativa destaca que, en un contexto económico complejo, la previsibilidad es fundamental para la subsistencia de pequeños comercios y unidades productivas. «Nadie tiene derecho a imponer su posición afectando el trabajo de otros. Eso no es defender derechos, es avasallar los de los demás», agregó la titular del HCD.
Pedido de sanciones y auditoría sindical
El proyecto de resolución trasciende la mera declaración política y busca acciones concretas de los organismos de control laboral. El Artículo 4 solicita al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que tome intervención y evalúe medidas ante posibles incumplimientos de la normativa.
Asimismo, se dispone remitir copia de la resolución a la Secretaría de Trabajo de la Nación. El objetivo es que, bajo la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, el organismo nacional evalúe si las conductas del gremio excedieron el ejercicio regular de la actividad sindical, pudiendo aplicar las sanciones previstas en la ley. «Esto no puede quedar solo en una discusión pública; tienen que aplicarse las herramientas que ya prevé la ley cuando se cruzan los límites», concluyó Caputo.
