
El Congreso de la Nación Argentina sancionó de forma efectiva un total de apenas 11 leyes a lo largo de todo el año 2025, transformándose en la cifra más baja de producción legislativa anual registrada desde el retorno de la democracia en 1983. Los datos surgen de un riguroso relevamiento elaborado por el Observatorio del Control Público (OCP) perteneciente a la Fundación Éforo, sobre la base de registros públicos y estadísticas oficiales del Poder Legislativo.
El trabajo técnico pone de relieve que el promedio histórico de la actividad parlamentaria en la Argentina se ubica por encima de las 122 leyes sancionadas por año. En ese contexto comparativo, el balance de 2025 arrojó la aprobación de 111 normas menos que la media general acumulada en las últimas cuatro décadas de funcionamiento institucional.
De acuerdo con las conclusiones vertidas en la investigación titulada «Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025)», la variable de mayor peso analítico para explicar el volumen de leyes aprobadas radica en la composición de las cámaras y la configuración de las mayorías. A modo de ejemplo, el informe destaca que en el año 2014 el bloque oficialista contaba con mayoría propia en ambas cámaras, contexto en el cual se sancionaron 191 leyes, alcanzando la marca de mayor productividad legislativa de todo el ciclo democrático iniciado en 1983.
Fragmentación parlamentaria, ingreso de proyectos y tasa de conversión
Junto con la ausencia de hegemonías partidarias, el estudio señala a la severa fragmentación política como el segundo factor determinante de la parálisis legislativa. El análisis muestra que la Cámara de Diputados pasó de operar con dos grandes bloques parlamentarios en 1983 —el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical— a atomizarse en más de 40 bancadas en el año 2017, contando varias de ellas con tres integrantes o menos. En simultáneo con esa dispersión, el promedio anual de leyes aprobadas cayó de 154 normas en el quinquenio 1994-1998 a solo 59 entre los años 2019 y 2023.
Asimismo, la investigación expone una notoria brecha entre la iniciativa parlamentaria y la sanción efectiva de las normas. Cada año el Congreso de la Nación recepta entre 2.000 y 4.000 proyectos de ley ingresados por los legisladores de todas las bancadas, pero menos del 1 % de esos expedientes llega a convertirse en ley. Durante el ejercicio 2022, por caso, se presentaron aproximadamente 3.000 proyectos y se lograron sancionar apenas 37 leyes.
«Este retroceso en la cantidad de leyes aprobadas se vincula directamente con la fragmentación parlamentaria, que reconfigura la labor legislativa y acentúa una dinámica de más proyectos de ley presentados, menor tasa de conversión y menos leyes», consideró la investigación del OCP.
Vetos presidenciales e inasistencia del Presupuesto nacional
El documento realiza además un repaso histórico sobre el uso del veto por parte del Poder Ejecutivo. Desde la restauración democrática en 1983 hasta el cierre de 2025, sobre el universo de leyes sancionadas por el Congreso se aplicaron un total de 417 vetos presidenciales (compuestos por 201 vetos de carácter total y 216 de carácter parcial).
Casi la mitad de las desaprobaciones totales o parciales se concentraron durante los mandatos de Carlos Menem (195 vetos), seguidos en frecuencia por las gestiones de Ricardo Alfonsín (49) y Fernando de la Rúa (46). En lo que respecta a la administración de Javier Milei, el informe contabilizó 9 vetos aplicados hasta el mes de septiembre de 2025, habiendo registrado 3 episodios de insistencia parlamentaria exitosa por parte del Congreso de la Nación para ratificar las normas vetadas.
Por otra parte, el relevamiento advierte sobre una anomalía institucional inédita: los ejercicios 2024 y 2025 se convirtieron en los dos primeros años consecutivos sin sanción de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional desde el inicio del ciclo democrático. En ambas oportunidades, el Poder Ejecutivo nacional debió recurrir a la prórroga de la pauta de gastos correspondiente al año 2023. De acuerdo al historial registrado desde 1983, el Congreso no logró aprobar la denominada «ley de leyes» en únicamente cinco ejercicios financieros: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.
Deudas institucionales y mandatos constitucionales pendientes
En el tramo final del informe, la Fundación Éforo repasa una serie de asignaturas pendientes y deudas institucionales que arrastra el Poder Legislativo a 31 años de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. En ese sentido, se destaca que la nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos mandatada por la Carta Magna nunca llegó a ser sancionada por las provincias y la Nación, manteniéndose hasta la fecha la vigencia de un régimen provisorio instituido en 1988. En el mismo orden, ninguna ley aprobada hasta el momento surgió de la herramienta constitucional de iniciativa popular.
Asimismo, la investigación advierte sobre el desfasaje en la representación parlamentaria dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, cuya distribución de bancas continúa basándose formalmente en las cifras de población del Censo de 1980. Al proyectar la asignación de escaños con los datos oficiales del Censo 2022, la Cámara baja debería incrementar su composición total a 363 integrantes (106 bancas más que los 257 legisladores actuales), esquema en el cual la provincia de Buenos Aires añadiría 42 representantes.
«La mirada histórica permite observar algo más amplio: cómo las instituciones se adaptan a las transformaciones políticas y sociales que atraviesan al país», subrayó la vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del OCP, Carla Pitiot, al evaluar los alcances del estudio.
