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El desfinanciamiento universitario en cifras: el presupuesto real cayó más del 40% desde 2023

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que la inversión en educación superior sufrió un ajuste drástico bajo la gestión actual. Los salarios docentes perdieron un 34,2% de su poder de compra y la mayoría ya no logra cubrir la canasta básica total.

En la víspera de una nueva marcha federal universitaria, los datos del financiamiento educativo exponen una realidad crítica para las casas de altos estudios nacionales. Según el último relevamiento del CEPA, el presupuesto vigente para las Universidades Nacionales registró una caída real acumulada del 41,6% si se compara el crédito actual de 2026 con los niveles de 2023. Este retroceso presupuestario consolida un fuerte ajuste que afecta tanto el funcionamiento operativo como la investigación y la extensión universitaria.

La disputa central gira en torno a la denominada «Ley insistida» (Ley 27.795), sancionada por el Congreso y vetada originalmente por el Poder Ejecutivo. De haberse aplicado esta norma, el presupuesto universitario habría crecido un 33,8% respecto de 2025, permitiendo recuperar prácticamente los niveles de inversión previos al ajuste. Por el contrario, el proyecto alternativo enviado por el Gobierno al Congreso propone una recomposición que, según el informe, dejaría el presupuesto un 35,1% por debajo de lo establecido en la ley original.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

La situación del personal docente y no docente es igualmente alarmante. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, el salario real de convenio se desplomó un 34,2%. La mayor parte de esta caída se concentró en el primer tramo de 2024, cuando la inflación superó ampliamente los incrementos otorgados

El impacto social de este deterioro se refleja en que hoy la mayoría de los trabajadores universitarios son pobres. A abril de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y las categorías más altas del escalafón no docente logran superar la Canasta Básica Total (CBT). Para el resto de los cargos, incluidos todos los de dedicación simple, el sueldo ni siquiera alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), situándolos por debajo de la línea de indigencia.

La insuficiencia de las propuestas oficiales

El informe del CEPA analiza la oferta salarial del Gobierno, que propone un incremento escalonado del 12,3% anual en tres cuotas. Sin embargo, frente a una inflación proyectada del 23,6% para septiembre de 2026, esta recomposición resulta insuficiente y profundizaría la pérdida del poder adquisitivo en otros 1,5 puntos porcentuales.

Un caso testigo es el de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva: su salario real cayó un 50,8% comparado con los valores de 2015. Con la aplicación de la Ley insistida, esa pérdida se habría reducido significativamente, mientras que con el proyecto oficial, el poder de compra de este cargo seguirá cayendo hasta niveles históricos de desprotección salarial.

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