El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para eliminar la actual normativa de Promoción de la Alimentación Saludable, con el objetivo de reemplazarla por un esquema que califican como más uniforme, adaptable y consistente.
El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a derogar la Ley de Etiquetado Frontal (Ley N° 27.642). La iniciativa ingresó este sábado a la Cámara de Senadores y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
A través del proyecto, el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo el «pronto tratamiento y sanción» de la medida, argumentando que la aplicación de la normativa vigente, que se basa en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha presentado severas limitaciones en los planos técnico, operativo, regulatorio y económico.
Los argumentos del Ejecutivo
El texto enviado al Senado detalla los fundamentos por los cuales el oficialismo considera necesaria una reforma profunda del sistema. Uno de los puntos centrales reside en la crítica al modelo actual de perfil de nutrientes, al que califican como rígido y falto de rigor.
Según el Gobierno, la normativa actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias extremadamente diversas, sin contemplar la densidad nutricional real ni las porciones consumidas habitualmente por la población. Esta situación deriva, según el Ejecutivo, en que alimentos tradicionales y saludables reciban advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados.
Asimismo, la administración nacional sostiene que la estructura binaria del sistema (que solo advierte sobre la presencia o ausencia de nutrientes críticos) no incentiva la mejora gradual de las formulaciones por parte de las empresas, al no premiar los avances en la composición de los productos dentro de una misma categoría.
Impacto económico y regional
Otro eje del proyecto de ley se enfoca en las dificultades operativas que impone la normativa vigente para el comercio exterior. El Ejecutivo advierte que la falta de armonización regional en los estándares de rotulado dentro del Mercosur obliga a las empresas argentinas a producir envases diferenciados, lo que genera costos adicionales y trabas operativas. Esta situación, según el documento, perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
De concretarse la derogación total, la medida entraría en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Esto implicaría el cese de la obligatoriedad de los octógonos negros de advertencia, así como de las restricciones asociadas a la publicidad, la presencia de personajes infantiles en los envases y la venta en entornos escolares.
No obstante, el proyecto aclara que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional tradicional, manteniendo el respaldo informativo para el consumidor. Finalmente, el Ejecutivo sostiene que la nueva normativa propuesta permitirá un sistema más ágil, capaz de adaptarse a los consensos científicos internacionales y a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
