El presidente Javier Milei ha vetado por completo la Ley 27.790, aprobada por el Congreso el pasado 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por un período de 180 días. La legislación contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones y una serie de medidas de asistencia financiera, incluyendo líneas de crédito para la reconstrucción de las zonas afectadas por la trágica inundación del 7 de marzo.
La decisión del Ejecutivo fue formalizada a través del Decreto 424/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El argumento principal esgrimido por el Gobierno es que las acciones previstas en la ley ya han sido implementadas mediante el Decreto 238/25, el cual estableció el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad. Según fuentes oficiales, la nueva ley habría duplicado las medidas existentes, volviéndola innecesaria.
El proyecto vetado, impulsado por senadores bonaerenses, también incluía exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.
Desde el Gobierno se informó que, hasta la fecha, se ha abonado el subsidio a 32.076 personas, de un total de 37.546 inscriptos. Unos 3.962 casos continúan en análisis, mientras que el 4% fue rechazado. Además, el Ejecutivo argumentó que la ley sancionada carecía de una partida presupuestaria específica para su implementación, lo cual contraviene las leyes de administración financiera. Este mismo argumento ha sido utilizado en vetos anteriores, como los relacionados con incrementos jubilatorios y el financiamiento universitario.
Adicionalmente, el Gobierno rechazó la inclusión de Coronel Rosales en el plan de asistencia, alegando que «no fue considerada entre las zonas más afectadas» según informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos.
En relación con el financiamiento, desde el Ejecutivo se señaló que ya se implementó un plan para Bahía Blanca a través de un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, se afirmó que el Banco de la Nación ya posee las facultades necesarias para otorgar asistencia a micro, pequeñas y medianas empresas. Esta determinación genera un fuerte debate sobre la eficacia de las ayudas existentes y la necesidad de una ley específica frente a la magnitud del desastre.
