Negociación anticipada para el Presupuesto 2027 Con la meta de presentar el proyecto de ley antes del 15 de septiembre en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo trabaja en modificaciones al esquema de financiamiento universitario. El objetivo central de la Casa Rosada es lograr consensos previos con gobernadores y bloques dialoguistas para evitar discusiones artículo por artículo en el recinto, tal como ocurrió durante el tratamiento del Presupuesto 2026.
Aunque los mecanismos y porcentajes definitivos aún se encuentran en etapa de debate, la intención oficial es vincular la discusión del próximo año con los compromisos que permanecen pendientes desde 2024, buscando prevenir nuevos conflictos con rectores y gremios docentes.
El frente judicial y los acuerdos recientes El debate presupuestario se da en el marco de la disputa judicial generada tras la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 759/2025. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un recurso de amparo. Tras la intervención de la Corte Suprema en junio, el expediente continúa en las instancias inferiores sin resolución sobre el tema de fondo.
Desde el Gobierno destacan que el entendimiento alcanzado el 10 de junio con el CIN y los sectores gremiales —que incluyó una recomposición salarial del 24,33%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y refuerzos para hospitales universitarios— redujo el margen de conflicto. Sin embargo, persisten diferencias sobre la recomposición correspondiente al ejercicio 2024 y el financiamiento estudiantil.
Cambios en evaluación sobre discapacidad En paralelo al frente universitario, el Ejecutivo analiza introducir modificaciones relacionadas con la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). Dado que dicha norma mantiene la emergencia declarada hasta fines de 2026, las autoridades evalúan distintas alternativas para reordenar las partidas vinculadas a pensiones y prestaciones del sector.
