El Gobierno nacional emitió un fuerte desmentido al informe presentado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que cuestionó las condiciones de detención en comisarías y cárceles del país, así como el accionar de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas. El Ministerio de Seguridad calificó el documento como un “ataque infundado” y aseguró que contiene un “sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos”. Según la cartera que conduce Patricia Bullrich, el texto omite graves violaciones ocurridas durante el mandato de Alberto Fernández.
El reporte del organismo internacional expresó su “seria preocupación” por la permanencia prolongada de personas detenidas en dependencias policiales, donde se registraron “celdas sin ventilación ni luz natural, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, escaso acceso a agua potable, alimentación insuficiente y ausencia de espacios para recreación”. Además, señaló demoras en la atención médica. La ONU exhortó al Estado argentino a poner fin al uso de comisarías como espacios de reclusión prolongada y a garantizar condiciones compatibles con los estándares internacionales.
Otro de los puntos centrales del informe fue el cuestionamiento al uso excesivo de la fuerza en protestas. La ONU advirtió sobre la flexibilización de normas que regulan la identificación de agentes federales y el empleo de armas de fuego. También criticó los nuevos reglamentos de armamento no letal aprobados en 2024, que, según el Comité, no detallan con claridad los escenarios en los que pueden utilizarse. Como ejemplo, mencionó las manifestaciones de marzo, donde resultó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo tras el impacto de un proyectil lanzado por Gendarmería.
Desde el Ministerio de Seguridad respondieron que el informe “carece de equilibrio”, “omite hechos centrales de la realidad reciente” y “reviste de una supuesta cosmética neutral a evidentes posiciones provenientes de organizaciones militantes”. El Gobierno denunció que el documento “engrandece selectivamente al gobierno anterior” e ignora “violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa durante la pandemia”, el caso de Magalí Morales, los excesos policiales durante la cuarentena y el escándalo del Vacunatorio VIP.
El Comité también expresó preocupación por el aumento de denuncias por torturas y malos tratos en cárceles desde 2024, citando episodios como los abusos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe. Además, cuestionó el traspaso del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad y alertó sobre abusos en operativos policiales y de patrullas municipales en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno, en respuesta, defendió estas últimas y señaló que “operan para compensar la desprotección en la que la provincia somete a millones de ciudadanos”.
