A través del programa nacional PRODECO y bajo el amparo de la Ley 14.547, la comuna busca liberar espacio en los depósitos municipales, priorizando la salubridad y el cuidado del medio ambiente. Lo recaudado será donado a entidades de bien público.
El Municipio de Bahía Blanca puso en marcha una nueva etapa del programa de compactación de vehículos en desuso que permanecen alojados en depósitos comunales sin ser reclamados por sus propietarios. El operativo central se llevó a cabo esta mañana en el predio de calles Undiano y Brickman, contando con la supervisión de autoridades municipales que confirmaron la magnitud del procedimiento y el destino social de los fondos generados.
Un plan de saneamiento integral
El jefe de Gabinete, Luis Calderaro, detalló que el operativo actual abarca la disposición final de más de 200 automóviles y aproximadamente 2.000 motocicletas. Según explicó el funcionario, esta medida responde a una decisión política del intendente Federico Susbielles para abordar de manera permanente problemas de salubridad, medio ambiente y orden público derivados de la acumulación de chatarra.
«La intención es concretar esta actividad al menos dos veces por año», señaló Calderaro, remarcando que el material producido por la compactación será destinado íntegramente a entidades de bien público de todo el partido de Bahía Blanca.
El marco legal y operativo
El procedimiento se realiza bajo la Ley 14.547 y se integra al Programa de Compactación (PRODECO) del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este esquema permite que empresas especializadas se inscriban para prestar el servicio sin costo alguno para el municipio.
Respecto a la selección de las unidades, Calderaro aclaró que se trata de vehículos abandonados que no fueron reclamados oportunamente. El protocolo contempla previamente un certificado de rodabilidad, ofreciendo tres destinos posibles según la ley: el uso por parte del ámbito comunal, la subasta o, finalmente, la compactación si no cumplen con los requisitos para volver a circular.
En sintonía, la jueza de Faltas, Soledad Monardez, puntualizó que un gran porcentaje de las unidades, especialmente motocicletas, no son retiradas del corralón por sus dueños debido a que no cumplen con los requisitos mínimos de rodabilidad exigidos para su entrega.
