Ante los recientes avances de la oposición para poner freno al decreto que deroga la Ley de Tierras, el Poder Ejecutivo activó una intensa agenda de negociaciones políticas en el Congreso de la Nación. Desde la Casa Rosada buscan contener el impacto de los fallos judiciales desfavorables e impedir que las críticas del arco opositor deriven en una derrota parlamentaria que ponga en riesgo la continuidad de la desregulación económica y el plan integral de reformas impulsado por la gestión de La Libertad Avanza.
La principal preocupación en el entorno presidencial radica en evitar que la controversia suscitada en torno al régimen de propiedad de tierras rurales funcione como una punta de lanza para abrir un debate más amplio sobre la validez del DNU 70/23 en su totalidad. Para la conducción oficialista, aislar este conflicto resulta indispensable para proteger la arquitectura legal sobre la cual se asienta el programa de transformaciones económicas e incentivo a las inversiones extranjeras.
La estrategia de la Casa Rosada para evitar una derrota parlamentaria
La arremetida de las bancadas opositoras en ambas cámaras legislativas obligó a los referentes del bloque oficialista a diseñar un esquema defensivo y proactivo de manera simultánea. La meta inmediata consiste en tejer entendimientos con sectores calificados como dialoguistas —entre los que destacan la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y diversos bloques parlamentarios de representación provincial— para consolidar un número que le permita al Gobierno frenar cualquier intento de rechazo o derogación en el recinto.
En el Palacio de Gobierno entienden que una eventual caída del decreto que modifica el régimen de tierras no solo representaría un tropezón normativo, sino también un precedente político adverso en la relación de fuerzas dentro del Poder Legislativo. Por tal motivo, los operadores políticos del espacio liberal buscan cerrar filas y coordinar agendas de trabajo para garantizar la estabilidad de las reglas de juego requeridas por los sectores productivos e inversores.
Alternativas legislativas y articulación con bloques dialoguistas
Como parte de las opciones tácticas en consideración, los legisladores de La Libertad Avanza y sus aliados analizan distintos canales institucionales para sostener la vigencia de las medidas. Entre las alternativas que cobran mayor fuerza se contempla la posibilidad de introducir modificaciones específicas en proyectos de ley que ya cuentan con estado parlamentario y se encuentran en trámite dentro de las comisiones ordinarias.
Asimismo, no se descarta la presentación de iniciativas parlamentarias de carácter definitivo que permitan validar formalmente por vía de ley los preceptos contemplados en el decreto. De esta manera, el Ejecutivo aspira a brindarle un soporte normativo de mayor rango a las reformas, neutralizando los cuestionamientos de inconstitucionalidad o falta de técnica legislativa que suelen blandir los sectores opositores.
La Ley de Tierras como prueba de fuego para el esquema de decretos
Lo que comenzó como una disputa puntual alrededor del marco regulatorio del territorio nacional se ha transformado en una prueba de fuego para el funcionamiento del Gobierno en su interacción con el Congreso. Para la administración central, la derogación de la Ley de Tierras constituye un pilar esencial para fomentar el ingreso de capitales al sector agropecuario, forestal y energético, reduciendo trabas burocráticas y limitaciones a la titularidad.
En este escenario, el éxito de las negociaciones en curso determinará si el oficialismo logra resguardar las herramientas dictadas por el Poder Ejecutivo o si, por el contrario, la oposición encuentra una brecha estratégica para poner en entredicho el andamiaje jurídico construido a través de decretos de necesidad y urgencia.
