Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, el país experimenta una drástica reducción del gasto público y una reestructuración de diversas áreas del Estado. Su lema de campaña, “no hay plata”, sirve de justificación para implementar recortes significativos que dejan a sectores clave en una situación crítica. Según el diario El País, durante los primeros diez meses de gobierno, el gasto se reduce un 30% interanual en términos reales, desencadenando un aumento de la pobreza y el malestar social.
La estrategia de Milei se caracteriza por la “guerra contra la casta”, una retórica utilizada para atacar a sindicatos, periodistas y académicos, a quienes denomina “ratas miserables” y “degenerados fiscales”. Este enfoque facilita la aprobación de medidas extremas, como el cierre de 13 ministerios y el despido de cerca de 30.000 empleados públicos, lo que equivale a casi el 10% de la plantilla nacional.
Uno de los sectores más golpeados, el de las jubilaciones, experimenta un duro impacto. El presidente implementa un aumento por decreto que no considera el aumento del 20,6% del IPC registrado en enero. Esto resulta en un ahorro para el Estado a costa del bienestar de los jubilados, quienes reciben apenas 320 dólares, un tercio de lo que se considera la canasta básica familiar. El País resalta que este recorte forma parte del plan “licuadora” de Milei, que logra un superávit fiscal en el primer trimestre del año.
La obra pública enfrenta una paralización drástica. Milei interrumpe proyectos en curso, generando que la Cámara Argentina de la Construcción estime deudas del Estado con los contratistas en alrededor de 400.000 millones de pesos, lo que produce 200.000 despidos en el sector. El País menciona que el presupuesto para la secretaría encargada de la obra pública se reduce en un 93,5%.
La inversión en infraestructura está paralizada en Argentina. Milei suspendió todos los proyectos en carpeta, interrumpió las transferencias a las provincias para las obras en marcha e inició auditorías en todos los contratos para revisar deudas heredadas. La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) calcula que el Estado debe a los contratistas unos 400.000 millones de pesos (400 millones de dólares) y que ya se han producido 200.000 despidos en el sector. Milei exhibe como un gran logro de su gestión haber congelado la obra pública, a la que considera un pozo de corrupción. (textuales de la nota en el diario El País, de España)
El área educativa tampoco escapa a esta crisis. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la reducción del presupuesto educativo en un 50% llevan a las universidades públicas a una situación de emergencia. Como señala El País, muchas universidades carecen de los recursos necesarios para pagar servicios básicos, provocando protestas masivas.
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La ciencia y la tecnología también atraviesan una crisis, con una caída del 30% en las postulaciones a becas de investigación. La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología advierte que “la inversión en ciencia y tecnología se derrumba hoy en la Argentina”, fomentando una alarmante fuga de cerebros.
Al igual que las áreas de Ciencia y de Cultura, entre otras, Educación perdió con el Gobierno de Milei la condición de ministerio y pasó a ser una secretaría. La degradación institucional tuvo como correlato la reducción del presupuesto educativo, que según diferentes estimaciones cayó un 50% real interanual. (textuales de la nota en el diario El País, de España)
Además, el impacto de las decisiones de Milei en derechos humanos genera preocupación. La disolución de la unidad encargada de investigar la desaparición de niños durante la dictadura y la falta de financiamiento para las Abuelas de Plaza de Mayo representan un cambio drástico en la política de derechos humanos, debilitando el consenso social contra el terrorismo de Estado.
En el ámbito de la salud, el aumento de la demanda en hospitales públicos contrasta con la reducción de recursos, dejando a muchos argentinos sin acceso a atención adecuada. El País reporta que la cartera sanitaria enfrenta una reestructuración que prioriza la reducción de costos sobre el bienestar de la población.
A inicios de año, el Ejecutivo ahogó a las universidades al prorrogar el presupuesto de 2023 sin actualizarlo por inflación, que entonces arañaba el 290% interanual. Muchas se quedaron sin recursos para pagar los servicios de gas y electricidad, y el sistema universitario se declaró en emergencia. La comunidad académica protestó con una masiva movilización nacional que finalmente forzó al Gobierno a enviar más recursos. Pero el conflicto volvió a estallar en los últimos dos meses por el declive de los sueldos de profesores y personal administrativo. (textuales de la nota en el diario El País, de España)
Finalmente, el recorte de fondos destinados a políticas de género resulta contundente, con el cierre del Ministerio de Mujeres y la reducción de programas esenciales para víctimas de violencia de género. Esta política de austeridad y la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública evidencian un enfoque que ignora las necesidades de los sectores más vulnerables.
