La cobertura de las vacantes judiciales continúa posicionándose como uno de los desafíos más complejos y estructurales para el correcto funcionamiento de la Justicia nacional y federal en la Argentina. Según los datos consignados en la última actualización del Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura, actualmente se registran 266 cargos vacantes que se encuentran tramitando en alguna de las diferentes instancias que componen el circuito de selección, propuesta y acuerdo para la designación de magistrados.
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El Poder Judicial de la Nación tiene 266 vacantes en proceso de cobertura: 159 continúan en el Consejo de la Magistratura
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Un relevamiento oficial del Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura reveló que existen 266 cargos vacantes distribuidos en las distintas etapas del proceso de selección y designación de jueces. Ante este escenario, el constitucionalista Alfonso Santiago plantea una profunda reforma para agilizar los concursos, reducir la discrecionalidad, medir empíricamente las reformas procesales y evaluar periódicamente el desempeño de los magistrados.
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La cobertura de las vacantes judiciales continúa posicionándose como uno de los desafíos más complejos y estructurales para el correcto funcionamiento de la Justicia nacional y federal en la Argentina. Según los datos consignados en la última actualización del Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura, actualmente se registran 266 cargos vacantes que se encuentran tramitando en alguna de las diferentes instancias que componen el circuito de selección, propuesta y acuerdo para la designación de magistrados.
El desglose estadístico oficial permite radiografiar el estado de situación del trámite institucional: de los 266 cargos desocupados, la mayoría —un total de 159 vacantes— permanece aún en la etapa inicial de instrucción dentro del Consejo de la Magistratura, ámbito donde se sustancian las pruebas de oposición y se elaboran las ternas. Por su parte, otros 77 pliegos ya superaron esa fase y fueron elevados al Poder Ejecutivo de la Nación, a la espera de que el Presidente elija a los candidatos y gire sus nombres al Parlamento. Finalmente, 30 pliegos se encuentran radicados en el Senado de la Nación, pendientes del correspondiente tratamiento y acuerdo en la Cámara Alta.
Desde el organismo regulador se aclaró además la distinción técnica que existe entre las vacantes a cubrir y el volumen de trámites abiertos. En la actualidad, el Consejo de la Magistratura lleva adelante 75 concursos en trámite. Sin embargo, se especificó que esta cifra no supone sumar otros 75 cargos a los 266 ya contabilizados, puesto que un solo proceso concursal puede abarcar de manera unificada la cobertura de una o múltiples vacantes en un mismo fuero o jurisdicción. Vale recordar que, en marzo de 2026, el Ministerio de Justicia informó que pretendía avanzar con los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.
En este contexto de demoras acumuladas, Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, publicó un exhaustivo artículo en la revista especializada El Derecho, donde expuso un plan integral sustentado en cuatro reformas clave destinadas a optimizar la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio de justicia.
1. Concursos anticipados y reducción de la discrecionalidad
El primeiro eje conceptual abordado por Santiago apunta directamente al sistema de selección de los juzgadores. El especialista advierte que la dilación temporal en el desarrollo de los procesos y la falta de transparencia de ciertos tramos concursales atentan contra el buen servicio, haciendo especial hincapié en los márgenes de discrecionalidad política e institucional que suelen filtrarse al momento de confeccionar las ternas definitivas.
Para contrarrestar este fenómeno, Santiago pondera positivamente el proyecto del nuevo Reglamento de Concursos aprobado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 4/2026, el cual fue remitido al Consejo de la Magistratura para su análisis y debate. Dicha iniciativa reglamentaria propone que la regla general sean los «concursos anticipados», es decir, llamados preventivos que permitan iniciar los exámenes antes de que la vacante se produzca de forma efectiva, fijando un tope de hasta 8 cargos por concurso.
Asimismo, el proyecto introduce la obligatoriedad de un legajo digital completamente auditable y el establecimiento de criterios tabulados y objetivos para calificar los antecedentes profesionales de los aspirantes. En un esfuerzo deliberado por acotar el arbitrio en los puntajes, la reforma estipula que la entrevista personal sólo podrá otorgar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, representando únicamente el 10% de la calificación final. A esto se suma un esquema de evaluación técnica en dos etapas con mecanismos que garantizan el estricto anonimato de los postulantes durante la corrección. «Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales», evalúa Santiago respecto de la propuesta.
2. Medir empíricamente el impacto de las reformas procesales
El segundo pilar de la propuesta pone el foco en el seguimiento y la evaluación de las herramientas normativas. El constitucionalista observa que durante las últimas décadas se han sancionado cuantiosas modificaciones a los códigos de procedimiento, tanto a nivel federal como en las legislaciones provinciales, bajo la premisa teórica de agilizar los pleitos y dotar de celeridad al trámite judicial.
No obstante, Santiago remarca que no suele verificarse si esas modificaciones legales cumplieron efectivamente sus metas en la práctica. Por tal motivo, impulsa la necesidad de implementar mediciones empíricas rigurosas sobre los tiempos reales de duración de las causas antes y después de aplicada una reforma. Este enfoque científico permitiría basar la política judicial en evidencia concreta, identificando qué reglas y dinámicas de trabajo demostraron resultados positivos para conservarlas o extenderlas, y desestimando aquellas formulaciones teóricas que no lograron acortar los procesos.
3. Mecanismos de evaluación de desempeño para los jueces
El tercer e innovador eje plantea la necesidad de auditar la gestión de los magistrados una vez que ya han sido nombrados e investidos en sus cargos. El análisis señala que el sistema constitucional argentino diseñó pautas claras para concursar, nombrar, sancionar disciplinariamente o remover a los juzgadores, pero omitió fijar un esquema periódico y sistemático para medir la calidad de su labor cotidiana.
La propuesta radica en que los jueces deban rendir cuentas objetivas de su actuación institucional ante sus superiores jerárquicos, los colegios de abogados, los propios litigantes y la ciudadanía en general. El sustento de esta medida se apoya en una distorsión fáctica visible dentro del propio Poder Judicial: juzgados que pertenecen al mismo fuero, que cuentan con idéntico número de empleados, similar infraestructura tecnológica y que aplican idénticas leyes procesales, suelen mostrar niveles de rendimiento y tiempos de resolución abismalmente dispares. Para el académico, la medición empírica de estas diferencias permitiría aislar las buenas prácticas de gestión para replicarlas en los tribunales menos eficientes.
4. Fortalecimiento de una cultura de servicio al ciudadano
Finalmente, el cuarto postulado formulado por el docente de la Universidad Austral trasciende el mero cambio de reglamentos para adentrarse en la transformación cultural de la magistratura. Santiago subraya que las reformas estructurales e institucionales resultarán estériles si no se acompañan de un cambio profundo en las conductas de los operadores del sistema y de un liderazgo institucional renovado por parte de las autoridades de aplicación.
En esta línea, insta a promover una verdadera «orientación de servicio al ciudadano», concibiendo al justiciable no como un mero número de expediente, sino como el destinatario central de una prestación pública transparente, cercana y eficaz. El debate cobra además una vigencia política e institucional inmediata, dado que la inminente elección de los representantes de los abogados de la matrícula ante el Consejo de la Magistratura se presenta como la plataforma propicia para poner en discusión los datos concretos de las 266 vacantes y debatir cómo acelerar la selección sin perder de vista la evaluación de la gestión judicial
