El debate en torno al uso de tecnologías, pantallas y dispositivos móviles en ámbitos sensibles volvió a generar fuertes cruces políticos en la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, el bloque de senadores provinciales del PRO manifestó su acompañamiento al proyecto orientado a regular y restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias del territorio bonaerense, bajo el argumento de mejorar la concentración de los alumnos y favorecer la convivencia escolar. Sin embargo, los legisladores aprovecharon la discusión legislativa para endilgarle una fuerte crítica al gobernador Axel Kicillof, reclamándole acciones concretas e inmediatas para resolver la problemática del uso clandestino de celulares dentro de las cárceles de la provincia.
Desde la bancada opositora señalaron que, mientras se avanza institucionalmente en fijar límites a las pantallas en las aulas para optimizar los procesos educativos, persiste una alarmante falta de soluciones integrales por parte del Ejecutivo provincial para impedir que los teléfonos sigan siendo operados desde el interior de los penales con fines delictivos, tales como la ejecución de estafas virtuales, amenazas y maniobras de extorsión a la ciudadanía.
El origen del problema penitenciario y el caso de la Unidad N° 16 de Junín
Para contextualizar el reclamo, los legisladores recordaron que durante la etapa de aislamiento por la pandemia de COVID-19, la Justicia bonaerense autorizó de manera excepcional la tenencia y uso de teléfonos celulares a los internos alojados en las cárceles provinciales con el fin exclusivo de garantizar el contacto con sus grupos familiares. No obstante, advirtieron con preocupación que, transcurridos ya seis años de aquella medida transitoria, la administración provincial todavía no logró implementar un esquema adecuado de control y supervisión sobre dichas comunicaciones.
Como muestra palpable de la vigencia de esta vulnerabilidad operativa, el bloque opositor mencionó las recientes investigaciones judiciales vinculadas a la Unidad Penitenciaria N° 16 de la localidad de Junín, donde durante el pasado mes de septiembre se concretaron operativos de requisa que permitieron el secuestro de numerosos teléfonos móviles que presuntamente se utilizaban para planificar y cometer ilícitos desde el interior de los pabellones.
El proyecto del Sistema de Comunicación Digital Supervisada
Ante este escenario de inseguridad carcelaria, el espacio político impulsa formalmente un proyecto de ley redactado y presentado por el senador Pablo Petrecca, acompañado por su par Alex Campbell y los demás integrantes del bloque legislativo. La iniciativa propone la creación institucional de un Sistema de Comunicación Digital Supervisada en el ámbito de todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.
El núcleo de la propuesta consiste en reemplazar los teléfonos celulares particulares y de acceso desregulado por un sistema de comunicación institucional estrictamente controlado. Este esquema permitiría que las personas privadas de su libertad mantengan contacto directo con sus familiares directos y con sus representantes legales exclusivamente a través de contactos previamente registrados y verificados, suprimiendo de manera absoluta el acceso libre e irrestricto a internet y a las redes sociales.
Desde el bloque opositor aclararon enfáticamente que la iniciativa no persigue el objetivo de vulnerar ni restringir los derechos constitucionales de los internos, sino garantizar que los canales de vinculación familiar y asistencia letrada operen bajo un marco legal transparente, evitando que las cárceles de la provincia continúen funcionando como centrales operativas del delito. Asimismo, los legisladores destacaron que en la Legislatura existen propuestas de características similares presentadas por representantes de diferentes fuerzas políticas, incluyendo a La Libertad Avanza y al Frente Renovador, aunque cuestionaron que las iniciativas duerman en los despachos sin recibir un tratamiento efectivo.
Reclamos al Ejecutivo y demora en la reglamentación escolar
En el mismo sentido, los senadores del PRO recordaron que el Estado nacional ya instrumentó mecanismos tecnológicos avanzados orientados a la detección, inhibición y bloqueo de dispositivos móviles en el sistema de cárceles federales, habilitando incluso un programa específico de adhesión para que las provincias adopten dichas herramientas. Por ello, exigieron al Ejecutivo bonaerense que brinde explicaciones detalladas sobre los controles vigentes e implemente la tecnología necesaria para frenar las comunicaciones ilegales.
Por otra parte, la bancada legislativa puso el foco en las demoras administrativas del Gobierno provincial en relación con la normativa educativa. Cuestionaron fuertemente la falta de reglamentación de la Ley 15.534 —sancionada durante el transcurso de 2025—, la cual fue diseñada específicamente para regular el uso de pantallas en las escuelas primarias bonaerenses. Según advirtieron, el plazo legal estipulado de 180 días corridos ya se encuentra ampliamente vencido sin que el Ministerio de Educación haya concretado la reglamentación indispensable para su puesta en marcha.
Para finalizar, los integrantes del bloque insistieron en que si bien la regulación del uso de celulares en las escuelas constituye un avance positivo para la dinámica pedagógica, resulta indispensable aplicar idéntico criterio de firmeza institucional y decisión política en materia de seguridad penitenciaria y control carcelario.
«La educación necesita reglas claras. La seguridad también. Y en ambos casos el Estado tiene la obligación de hacerlas cumplir», concluyeron desde el espacio político, reiterando su exigencia de que la administración de Axel Kicillof priorice una solución definitiva para evitar que las cárceles bonaerenses sigan siendo utilizadas para amedrentar, estafar y extorsionar a los ciudadanos fuera de los muros.
