
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos oficiales del INDEC, reveló un drástico recorte en la dotación de personal del Sector Público Nacional desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la nómina estatal se redujo en 74.332 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 21,6% en la planta total del Estado nacional. La cifra equivale a una pérdida promedio de casi 72 puestos laborales por día.
De acuerdo con el estudio de CEPA, la dotación total de personal pasó de 343.357 trabajadores a finales de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. Este descenso responde a una política continuada de achicamiento del Estado que afectó de manera directa a dependencias de la Administración Pública Nacional, empresas públicas y entes reguladores.
El impacto según la estructura del Estado
El ajuste laboral mostró una dinámica variada según las distintas ramas del Sector Público Nacional:
Administración descentralizada: Concentró la mayor reducción en términos absolutos, con un recorte de 26.775 puestos (-19,58%).
Empresas y sociedades del Estado: Sufrieron la pérdida de 23.114 empleos, registrando una baja del 20,96%.
Administración centralizada: Registró la mayor caída en términos porcentuales, al reducir su planta en un 32,79%, lo que significó la eliminación de 18.315 cargos.
Administración desconcentrada: Registró una disminución de 3.809 empleos (-15,28%).
Otros entes: Perdieron 2.319 puestos de trabajo (-14,92%).
Las empresas y sociedades estatales más afectadas
Dentro del segmento de empresas e instituciones públicas, el recuento nominal de puestos eliminados está encabezado por el Correo Argentino, donde se contabilizaron 5.645 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E. con 4.374 bajas, el Banco Nación con 2.382 desvinculaciones, Aerolíneas Argentinas con 1.920 puestos menos y Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) con 1.866 bajas. Completan las mayores reducciones cuantitativas la Casa de Moneda (-717), Corredores Viales S.A. (-695), la Agencia de Publicidad del Estado (-643), Belgrano Cargas y Logística (-624) y Radio y Televisión Argentina S.E. (-505).
Al analizar la magnitud del recorte en términos proporcionales respecto de la plantilla inicial de cada compañía, el caso de mayor gravedad operativa es el de la ex Télam (Agencia de Publicidad del Estado S.A.U.), con un recorte del 79,4% de su personal. En orden descendente, le siguen Educar S.A. (-62,6%), Contenidos Públicos S.E. (-56,0%), la Casa de Moneda (-50,8%), Construcción de Vivienda para la Armada S.A.U. – COVIARA (-45,7%), BICE Fideicomisos (-43,5%) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. – ADIFSE (-37,8%). En tanto, el Correo Argentino redujo su personal en un 33,4%, Enarsa Patagonia en un 33,3% y Fabricaciones Militares en un 31,9%.
Ajuste en la Administración Pública Nacional y las Fuerzas Armadas
En los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Nacional, el organismo con mayor pérdida de personal en términos absolutos fue ARCA (Agencia de Recaudación de la Seguridad Social y del Estado Nacional), donde se desmantelaron 3.500 puestos. La ANSES se posicionó en segundo lugar con 3.021 despidos, seguida por el CONICET con 2.869 puestos menos y la Dirección Nacional de Vialidad con 1.513 bajas.
Una de las particularidades destacadas por el informe es la importante contracción en las estructuras operativas y administrativas de las Fuerzas Armadas: el Estado Mayor General de la Armada perdió 1.488 agentes, el Estado Mayor de la Fuerza Aérea desvinculó a 820 personas y el Estado Mayor del Ejército redujo 732 cargos. Asimismo, el achicamiento alcanzó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con 877 bajas, al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con 876 y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 849 cesantías.
En términos porcentuales, los organismos de la administración central descentralizada que más redujeron su estructura fueron:
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS): -63,4%
Junta de Seguridad en el Transporte (JST): -53,0%
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES): -46,6%
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTYI): -44,9%
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA): -44,2%
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM): -42,8%
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): -41,6%
Fondo Nacional de las Artes (FNA): -39,2%
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG): -29,8%
Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP): -29,8%
Las conclusiones del informe de CEPA subrayan que estas reducciones responden a un cambio estructural orientado a achicar la intervención estatal, con implicancias sustanciales en áreas clave como la asistencia social, la producción científica, la conectividad y el control regulatorio.
