La Cámara alta sesionará este jueves para tratar el proyecto que busca reemplazar la normativa vigente desde la dictadura. La iniciativa establece un tope de 15 años de prisión, prohíbe la perpetua para menores y crea un sistema de sanciones alternativas.
El Senado de la Nación se prepara para una jornada legislativa clave este jueves, cuando el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil llegue al recinto tras obtener media sanción en Diputados. La iniciativa, impulsada con fuerza por el oficialismo de La Libertad Avanza y coordinada por la jefa de bloque Patricia Bullrich, propone un cambio estructural en el tratamiento de los delitos cometidos por menores, teniendo como eje central la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Los puntos centrales de la reforma
Más allá de la edad de imputabilidad, el proyecto introduce un marco regulatorio que Argentina adeuda desde el retorno de la democracia. El texto elimina la posibilidad de que los menores reciban penas de prisión perpetua, fijando un máximo de 15 años de cárcel. Asimismo, establece una distinción clara según la gravedad del delito: para infracciones con penas menores a tres años se descarta la prisión, mientras que para delitos de entre tres y diez años que no involucren muertes o lesiones graves, se priorizarán sanciones con enfoque educativo y social.
Un aspecto fundamental del dictamen es la prohibición de que los adolescentes compartan espacios de detención con adultos, garantizando así un esquema de segregación por edad orientado a la reinserción ciudadana.
Financiamiento y posturas enfrentadas
A pedido de los bloques dialoguistas, el proyecto incorporó partidas presupuestarias específicas para asegurar su viabilidad: se asignarán más de 20.000 millones de pesos a la Defensoría General y 3.000 millones al Ministerio de Justicia. Esta medida busca evitar que la ley se convierta en una «letra muerta» por falta de recursos operativos.
El oficialismo sostiene que a los 14 años los jóvenes poseen pleno discernimiento sobre la criminalidad de sus actos. Bajo la premisa de «el que las hace las paga», el Gobierno busca elevar el costo delictivo para los menores. En contraste, la oposición más dura advierte que no hay evidencia de que el endurecimiento punitivo reduzca la criminalidad, citando comparativas regionales donde países con edades de imputabilidad más bajas mantienen tasas de homicidios superiores a las de Argentina.
Hacia un estándar regional
Argentina es actualmente, junto con Cuba, uno de los únicos países del continente que no posee un régimen penal específico para la minoridad. Los defensores del proyecto argumentan que esta actualización es necesaria para salir del vacío legal y ofrecer mecanismos que eviten la reincidencia, mientras que los sectores críticos insisten en que la solución debe ser social y no estrictamente penal.
