Desde su asunción, Javier Milei ha consolidado un discurso donde el Estado es el enemigo y el mercado el único ordenador. En este esquema, la protección laboral y la organización sindical son presentadas como obstáculos para el crecimiento, generando un clima de confrontación directa con la fuerza laboral.
La gestión de Javier Milei ha marcado un quiebre en la narrativa tradicional sobre el empleo en Argentina. Bajo la consigna de que el ajuste es una virtud necesaria para sanear la economía, el Gobierno nacional ha construido un relato en el que los trabajadores, especialmente aquellos bajo la órbita estatal o formalizada, suelen quedar situados en un lugar de cuestionamiento. El mercado, reivindicado como ordenador absoluto, desplaza la concepción del trabajo como herramienta de movilidad social o derecho constitucional.
La flexibilización como bandera
Las políticas impulsadas en materia laboral y previsional reflejan esta visión. El impulso a la desregulación y la flexibilización de las condiciones de contratación son presentados por el oficialismo como la única vía para generar empleo. Sin embargo, este enfoque omite que el denominado «costo laboral» representa, en la práctica, el sustento de millones de familias que deben enfrentar un contexto inflacionario que no da tregua.
Para el Gobierno, el esquema de protección vigente es una «traba» histórica que debe ser desmantelada para permitir la llegada de inversiones. En este sentido, el recorte de programas sociales y la reducción del empleo público no son vistos como daños colaterales, sino como pasos deliberados hacia la retirada casi total del Estado de la esfera económica.
Confrontación y debilidad del diálogo
Uno de los rasgos distintivos de la actual administración es el enfrentamiento abierto con las centrales obreras. El Presidente ha optado por la confrontación directa antes que por los canales institucionales de diálogo, descalificando sistemáticamente a la dirigencia sindical y minimizando las protestas.
Esta actitud instala una lógica binaria en el debate público: aquel que reclama es catalogado como un enemigo del cambio o un defensor de privilegios «ineficientes». Así, el trabajador organizado deja de ser un actor social con demandas legítimas para transformarse, según la retórica libertaria, en un obstáculo ideológico para el progreso nacional.
El futuro del salario y las jubilaciones
El trasfondo de esta disputa es una concepción del mundo donde la protección estatal debe desaparecer para dar lugar a la competencia pura. La pregunta que surge ante este escenario es si el país puede alcanzar un desarrollo genuino de espaldas a su fuerza laboral. Con un ajuste que impacta de manera recurrente sobre el salario real, las jubilaciones y el empleo, el proyecto actual parece colocar al trabajador en el centro de los sacrificios necesarios para sostener el equilibrio fiscal.
