La Fundación Estrellas Amarillas y familiares de víctimas de siniestros viales presentaron una nota de repudio ante la Provincia de Buenos Aires. La denuncia apunta a la solicitud pública del Intendente Ricardo Moccero de remover a policías que realizaron un control de alcoholemia, un hecho que las organizaciones consideran una «intromisión indebida» que pone en riesgo la Ley de Alcohol Cero.
Un fuerte cruce institucional se desató en Coronel Suárez, luego de que familiares de víctimas de siniestros viales de la República Argentina, bajo el paraguas de la Fundación Estrellas Amarillas, elevaran una nota formal de «repudio» contra la conducta del Intendente municipal, Ricardo Moccero.
La presentación fue dirigida al Subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior de la Provincia de Buenos Aires, Federico Montero, y solicita su «intervención inmediata» ante lo que califican como un «claro abuso de autoridad». El centro de la controversia es la solicitud pública de Moccero para que se remueva al personal policial que llevó a cabo un operativo de control de alcoholemia en la localidad de Pueblo Santa María.
El conflicto: cumplimiento de la Ley vs. Abuso de Poder
El eje de la indignación de los denunciantes radica en que el jefe comunal pretende «castigar y desplazar a un uniformado por el solo hecho de cumplir con una ley vigente cuyo objetivo primario es la preservación de la vida». La Ley de Alcohol Cero, cuyo cumplimiento estaba garantizando el personal policial, es considerada una herramienta fundamental para reducir las tragedias en el tránsito.
Según la presentación, la acción de Moccero configura una «intromisión indebida en el funcionamiento de la fuerza policial» y evidencia un grave desconocimiento de los límites de su poder como autoridad ejecutiva municipal. El texto de la denuncia es contundente al manifestar que la comunidad se dirige al Subsecretario Montero «con el máximo respeto institucional, pero con profunda preocupación e indignación».
Declaraciones polémicas que avivan la tensión
La nota formal de repudio utiliza las propias palabras del Intendente Moccero para fundamentar la acusación de abuso de poder. Los familiares de las víctimas citan dos aseveraciones centrales del jefe comunal:
Afirmación de autoridad absoluta: Moccero afirmó que «la autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste». Los denunciantes interpretan esta frase como una «peligrosa concepción del poder que busca situar al funcionario por encima del marco legal que rige a la Provincia y la Nación».
Definición arbitraria de horarios: El Intendente intentó «definir arbitrariamente los horarios de aplicación de la ley», aludiendo que «la alcoholemia se hace después de las 3.30 o 4 de la mañana». Esta pretensión de limitar la aplicación de la ley a su criterio personal es vista como un intento de vulnerar una normativa cuyo espíritu es la prevención las 24 horas del día.
El contexto de la Ley de Alcohol Cero
La Ley de Alcohol Cero al volante ha sido impulsada fuertemente por organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas viales a nivel nacional y provincial. Su objetivo es claro: prohibir la conducción con cualquier concentración de alcohol en sangre. La Fundación Estrellas Amarillas, integrada por quienes han sufrido pérdidas a causa de siniestros viales, ha sido una de las voces más activas en la defensa de esta normativa.
Para estas familias, cualquier intento de socavar los controles o de castigar a quienes los aplican, no es una mera «discusión técnica», sino una ofensa directa a su lucha por la seguridad vial y la vida. El accionar del Intendente Moccero en Coronel Suárez no solo pone en tela de juicio su concepción del marco legal, sino que también genera un grave precedente negativo para la aplicación de la ley en otros municipios de la Provincia de Buenos Aires.
El Subsecretario Federico Montero tiene ahora la responsabilidad de expedirse sobre esta denuncia, que ha puesto en la agenda pública la tensión entre la autonomía municipal y la obligación de cumplimiento irrestricto de las leyes provinciales destinadas a salvar vidas.
