El Tribunal en lo Criminal Nº 1 llevará adelante entre el 24 y 26 de febrero el debate oral contra la consejera escolar Fiorella Damiani, acusada de falso testimonio agravado. La imputación surge de una denuncia de violación realizada en 2017 contra dos jóvenes en Punta Alta, cuya falsedad fue confirmada por una serie de videos que demostraron que la relación sexual había sido consensuada.
El Juicio que Busca un «Cambio de Paradigma» en Casos Sexuales
El sistema judicial se prepara para un debate oral de alto impacto mediático y legal en Bahía Blanca. La consejera escolar Fiorella Damiani deberá enfrentar al Tribunal en lo Criminal Nº 1 a principios del año próximo, acusada del grave delito de falso testimonio agravado. La causa, que se remonta a 2017, es un punto de inflexión, no solo por la figura pública de la acusada, sino por la gravedad de las consecuencias que acarreó la mentira.
La Trampa del Falso Testimonio y la Prueba Inesperada
La imputación contra Damiani se basa en una denuncia de violación que la joven presentó hace siete años en Punta Alta contra dos hombres. La acusación fue tan seria que llevó a los jóvenes a ser detenidos durante casi una semana.
La causa dio un giro radical y dramático cuando uno de los imputados recordó y pudo recuperar una serie de videos guardados en una aplicación de su teléfono. Estos videos se convirtieron en la prueba irrefutable de la inocencia de los hombres, ya que en ellos se observa claramente que la relación sexual entre los tres fue consentida.
El fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la investigación, confirmó la existencia de «al menos 4 videos cortos» que mostraban «una escena sexual de adultos, sin resistencia», lo que motivó inmediatamente el pedido de sobreseimiento para los dos jóvenes inicialmente acusados. El caso pone de relieve cómo un error humano —la acusada se habría llevado accidentalmente el teléfono que contenía las grabaciones— terminó salvando la vida y la reputación de los inocentes.
Un Delito «Particularmente Grave»
Damiani, quien actualmente regresó a sus funciones en el Consejo Escolar de Bahía Blanca tras una suspensión preventiva de 90 días, afronta cargos por la infracción al artículo 275 del Código Penal. Este prevé penas de 1 a 10 años de prisión para el falso testimonio cometido en una causa criminal «en perjuicio del inculpado».
El fiscal Del Cero enfatizó tiempo atrás la gravedad del delito: «Se trata de falso testimonio agravado, por ser contra dos inculpados en causa criminal. Ella había mentido en al menos 3 oportunidades e inculpaba de un delito grave, con penas de de 6 años a 15 de prisión, a las dos personas».
A pesar de la insistencia de la consejera en su inocencia durante su declaración, las pruebas fílmicas son contundentes y determinaron su arresto el 10 de abril pasado por orden del juez subrogante Hugo De Rosa (luego de que la Cámara Penal revocara una decisión previa que había denegado la detención). Si bien la imputada recuperó la libertad seis días después mediante una excarcelación, el proceso avanza inexorablemente hacia el juicio oral.
El Pedido de Sentencia «Ejemplar»
El abogado Juan Ignacio Vitalini, que asesora a uno de los jóvenes damnificados, se mostró optimista sobre el resultado del juicio y sostuvo que esta causa debe sentar un precedente.
«Espero una sentencia ejemplar, lo que implica que sea de cumplimiento efectivo, fundamentalmente para evitar que estas situaciones se repitan. Hay muchos casos similares a este, aunque aquí estos jóvenes tuvieron la suerte de tener un video que demostraba su inocencia», afirmó el letrado.
Vitalini aprovechó el contexto de la causa para pedir un «cambio de paradigma» en la forma en que los jueces abordan los juzgamientos de delitos sexuales. Criticó que en muchos casos se haga «caso omiso a las declaraciones de los imputados» y se utilicen informes psicológicos que, a su criterio, carecen de rigor científico. El abogado exige que la Justicia se dé cuenta de que «un solo relato no sirve para condenar a un imputado», esperando que el debate contra Damiani sea un punto de inflexión.
El juicio se desarrollará entre el 24 y el 26 de febrero. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 deberá resolver la composición del jurado, ya que dos de sus miembros titulares están impedidos de intervenir: Christian Alberto Yesari por haber jurado como camarista, y Hugo De Rosa por haber intervenido previamente como juez de Garantías subrogante.
