El entramado detrás del escándalo por los lotes de fentanilo contaminado que generó preocupación a nivel nacional ha revelado una trama de contratos millonarios entre la droguería señalada y el Estado. Documentos oficiales confirman que la firma Alfarma SRL, propiedad de Ariel García Furfaro, se adjudicó importantes licitaciones con instituciones médicas públicas por más de $18 millones en los meses inmediatamente anteriores a que su habilitación fuera suspendida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Una de las operaciones más destacadas es la orden de compra N° 88-0005-OC25, firmada el 25 de febrero de 2025. En este contrato, la droguería se hizo con un acuerdo por $16.074.194 con el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) para la provisión de medicamentos esenciales como soluciones, antibióticos, adrenalina y antiulcerosos.
Apenas dos meses después, en abril de 2025, Alfarma SRL volvió a ser beneficiada con un contrato por $2.201.996 en el marco de una compulsa abreviada por “urgencia sanitaria” para la campaña contra el dengue. El Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” le adjudicó a la empresa renglones que incluían sueros y soluciones de rehidratación oral. En ambas operaciones, la firma presentó certificados vigentes del Registro de Especialidades Medicinales, que acreditaban su capacidad para operar hasta 2026.
Sin embargo, el panorama de la droguería cambió drásticamente el 12 de junio de 2025. Tras una inspección en su planta de la ciudad de Rosario, la ANMAT emitió la Disposición 3989/2025, que suspendió la habilitación de Alfarma SRL para operar en tránsito interjurisdiccional de medicamentos. El informe del organismo de control detectó “incumplimientos muy graves y graves” en las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. Entre las faltas más críticas se encontraba la ausencia total de documentación que justificara los movimientos de stock detectados en su sistema interno. La suspensión fue calificada como una medida preventiva hasta que la firma pudiera demostrar que opera de acuerdo con las normativas.
A diferencia del gobierno nacional, la provincia de La Pampa había cancelado su relación con Alfarma en 2022. El Ministerio de Salud de esa provincia aclaró que su decisión se tomó después de detectar fallas en controles previos.
En sus primeras declaraciones públicas, el empresario Ariel García Furfaro se defendió de las acusaciones. Negó responsabilidades y sugirió la posibilidad de un “sabotaje” en contra de su firma. Afirmó que su empresa había realizado un retiro voluntario de material antes de la intervención de la ANMAT y cuestionó el accionar del ente regulador, asegurando que actuó “sin tener ningún análisis hecho”. Furfaro minimizó el riesgo de la bacteria Klebsiella, señalando que “está en el 90% de los sanatorios”, y denunció no haber tenido derecho a una contraprueba.
