El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó al tribunal de La Haya como un «peligro» para la soberanía nacional y solicitó formalmente a la Argentina y a los países miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles retirarse del organismo. La exigencia plantea un complejo escenario diplomático para el país, adherido al Estatuto de Roma desde hace más de dos décadas.
Un reclamo en el marco de la ofensiva contra los cárteles
El pedido fue realizado por el secretario de Defensa de la administración de Donald Trump durante un encuentro celebrado en Panamá con representantes de los 19 países que integran la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Allí, Pete Hegseth sostuvo que la Corte Penal Internacional (CPI) funciona como una entidad «globalista» que busca interferir de manera ilegítima sobre las operaciones de seguridad de las naciones soberanas.
Según el funcionario norteamericano, «no existe ninguna base legítima» para los intentos de supervisión que pretende ejercer el tribunal internacional. En su intervención, denunció además que este tipo de organismos terminan condicionando los operativos militares sin responsabilizar a las organizaciones criminales y terroristas.
El debate por las operaciones militares en altamar
El planteo de la Casa Rosada y el Pentágono se produce en medio de la intensificación de las medidas antidrogas impulsadas por la gestión estadounidense, las cuales incluyen bombardeos a embarcaciones e interdicciones en aguas internacionales.
Estas acciones han recibido cuestionamientos por parte de diversos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que señalan que dichas maniobras podrían encuadrarse como ejecuciones extrajudiciales, delitos cuya investigación recae precisamente bajo la órbita de la fiscalía del tribunal con sede en La Haya.
La posición de Argentina y el escenario internacional
La solicitud enviada desde Washington genera tensiones en la política exterior argentina. El país ratificó el Estatuto de Roma en el año 2001, formando parte de la nómina de 125 Estados miembros que reconocen la jurisdicción de la CPI para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos de guerra.
Por el contrario, potencias globales como el propio Estados Unidos, Rusia e Israel han rechazado sistemáticamente someterse a la autoridad del tribunal. De avanzar en el sentido solicitado por la administración Trump, Argentina debería iniciar un proceso formal de denuncia del tratado internacional, lo que reconfiguraría de manera sustancial su alineamiento geopolítico en materia de derecho internacional y derechos humanos.
