La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) presentó este 18 de septiembre de 2026 una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación. A través de este recurso, la entidad solicitó la intervención urgente del Gobierno nacional para suspender lo que califican como un «peaje municipal encubierto» y una sobretasa a los combustibles aplicados en el Partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires.
El conflicto se originó a partir de la Licitación Pública 3/25, mediante la cual el Municipio le adjudicó a la empresa Plus Byte S.R.L. la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como el Acceso Sánchez. Se trata de un tramo estratégico de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial local y el Puerto de San Nicolás.
Según la normativa municipal impulsada, se proyectan cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y un adicional de $25.000 para el ingreso a los predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico (TAG). Desde la Federación advierten que este esquema representa un costo por kilómetro un 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo. A esto se le suma una tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna ya cobra en las estaciones de servicio locales desde enero de este año.
Al respecto, Cristian Sanz, presidente de Fadeeac, fue tajante: “No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”.
En la presentación formal, Fadeeac fundamentó que esta medida configura una doble imposición tributaria de carácter inconstitucional, violando tanto la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548) como la Ley Nacional de Combustibles (Ley 23.966). La entidad argumenta que no existe una contraprestación directa de servicio ni una afectación específica de los fondos, ya que el dinero recaudado ingresa en un 100% a las arcas municipales y luego se reparte en un 50% con el concesionario privado. Por este motivo, se le solicitó al Ministerio de Economía que exija una medida cautelar de suspensión inmediata ante la Justicia, replicando las acciones que el Estado Nacional ya promovió contra otros municipios como Tres de Febrero, San Isidro, San Martín y Morón.
De acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones, la concesión otorgada por un plazo de 20 años obliga al privado a realizar el mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación. Sin embargo, desde el sector transporte señalan que la recaudación proyectada supera de manera absolutamente desproporcionada cualquier costo real de conservación vial.
La situación encendió las alarmas en todo el sector productivo de la región. Más de un centenar de empresas de transporte e industrias dadoras de carga enviaron una carta conjunta a Fadeeac y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). En el documento, los empresarios advirtieron que la ubicación de este puesto de control sobre el Acceso Sánchez ahoga el único corredor habilitado para el tránsito pesado hacia los complejos industriales estratégicos y el Puerto de San Nicolás.
Según las estimaciones realizadas por las firmas afectadas, el costo anual de este gravamen se ubicaría entre los 100 y 500 millones de pesos por empresa. Esta cifra absorbe de forma directa los márgenes operativos y pone en riesgo la continuidad de las operaciones logísticas en la zona. Además, existe un fuerte temor ante la posible aplicación de esquemas sancionatorios arbitrarios, tales como multas o el decomiso de mercadería a aquellas unidades que no se adhieran al sistema tecnológico propuesto.
«El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas, sin coordinación ni límite», remarcaron las empresas damnificadas. Frente a este escenario, Fadeeac reiteró la necesidad imperiosa de lograr la suspensión inmediata del sistema y la derogación definitiva de la ordenanza municipal.
Cabe destacar que Fadeeac, fundada en diciembre de 1967, nuclea a 42 cámaras de base en toda la Argentina, integrando a aproximadamente 155.000 camiones con remolques, lo que engloba al 80% de las pymes del transporte de cargas del país. La institución es referente del sector en el Mercosur, miembro de la Unión Internacional de Transportes de Carreteras (IRU) y de la Cámara Internacional de la Industria de Transportes (CIT), además de ser signataria del convenio de trabajo N° 40/89.
