La crisis tarifaria generada por la exclusión de Bahía Blanca del régimen de Zona Fría escaló formalmente al ámbito judicial, cuando el intendente municipal, Federico Susbielles, concretó una presentación de amparo colectivo ante la Justicia Federal. La acción legal tiene como propósito central frenar la aplicación de los efectos de la flamante Ley Nacional N.º 27.828, norma que aparta al distrito de los beneficios tarifarios en el servicio de gas natural, protegiendo de este modo a la totalidad de los hogares, clubes de barrio e instituciones de bien público que conforman la comunidad bahiense.
La iniciativa judicial no fue impulsada en solitario, sino que se estructuró como una acción colectiva articulada de manera conjunta con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella, erigiéndose en la representación legal colectiva de los usuarios residenciales de gas por redes y de las entidades comunitarias de la región. El escrito presentado ante los estrados federales incorpora sólidos fundamentos técnicos, entre los que sobresalen informes elaborados por el propio ente regulador y rigurosos estudios científicos aportados por la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo. Estos análisis técnicos permiten contrastar y comparar de manera directa las condiciones meteorológicas y los rigores de los inviernos de Bahía Blanca con los de ciudades vecinas y de la región patagónica como Santa Rosa, Neuquén y Viedma. Al respecto, la demanda cuestiona con severidad la disparidad de criterio adoptada por la normativa, la cual mantiene los beneficios de la Zona Fría para dichas localidades mientras excluye de manera injustificada a Bahía Blanca, careciendo de un sustento técnico o hidroclimático válido que avale tal distinción.
En el marco de la presentación formal, el jefe comunal fue categórico al reafirmar la postura institucional del distrito: «Bahía Blanca es Zona Fría», sostuvo Susbielles, y añadió: «Atento a la promulgación de la norma y conforme al compromiso asumido y al mandato de la comunidad que represento, impulsamos este amparo colectivo en defensa del 100% de nuestros hogares e instituciones».
Sustento jurídico y vulneración de derechos constitucionales
El amparo colectivo interpuesto ante la justicia federal invoca de manera explícita la vulneración de principios constitucionales fundamentales, tales como el derecho a la igualdad, la garantía de no discriminación, la razonabilidad en los actos de gobierno y la proporcionalidad en las tarifas de servicios públicos esenciales. Asimismo, el escrito advierte sobre una evidente incongruencia y perjuicio patrimonial: los usuarios bahienses continuarían aportando obligatoriamente a través de sus consumos al fondo fiduciario que financia los descuentos de la Zona Fría, aun en el supuesto escenario de que se les privara de percibir dichos beneficios en sus propias facturas.
La acción legal cuenta además con un respaldo social masivo e inédito, materializado en más de 40.000 adhesiones de vecinos, organizaciones civiles e instituciones bahienses que se han plegado en defensa irrestricta de la permanencia en el régimen diferencial.
El impacto económico directo en los hogares y las entidades comunitarias
La eliminación de la Zona Fría se traduce en un golpe financiero directo e inmediato para la economía doméstica, implicando la pérdida automática de las bonificaciones del 30% o del 50% en la facturación del servicio de gas, de acuerdo con la situación socioeconómica particular de cada usuario. Para dimensionar con absoluta precisión la magnitud del perjuicio patrimonial que entraña esta medida, el escrito judicial incorporó un relevamiento y muestreo representativo basado en 44 facturas de gas correspondientes a distintos puntos del distrito.
Los resultados de dicho muestreo son concluyentes: al suprimir únicamente el concepto correspondiente al «Subsidio Zona», el costo total consolidado de esas facturas experimenta un salto exponencial que eleva la cifra de 4,67 millones de pesos a 6,61 millones de pesos. Esto representa un incremento directo estimado en el 41,5%, manteniendo absolutamente idénticos los niveles de consumo y las demás variables técnicas. Como ejemplo concreto de esta distorsión, una factura de carácter residencial que con la vigencia del beneficio abonaba la suma de $30.831, pasaría a devengar un costo de $51.602 tras efectivizarse la quita de la bonificación tarifaria.
Para cerrar, el intendente municipal enfatizó que las rigurosas condiciones climáticas e invernales que en su momento justificaron técnicamente la inclusión de Bahía Blanca en el régimen en el año 2021 se mantienen absolutamente inalteradas en la actualidad, ratificando que el municipio agotará todas las instancias legales para evitar que los bahienses sufran este tarifazo.
