Julieta Conti, jefa distrital de Educación, confirmó que se detectaron inscripciones intimidatorias en cinco establecimientos públicos de Bahía Blanca. Las autoridades trabajan en asambleas con alumnos mientras la Policía rastrea el origen de los mensajes, que vinculan con incidentes similares a nivel nacional.
El sistema educativo de Bahía Blanca se encuentra en estado de alerta tras la aparición de una serie de inscripciones con amenazas de tiroteos en al menos cinco escuelas públicas de la ciudad. El fenómeno, que comenzó a manifestarse este jueves, obligó a la Jefatura Distrital a activar de manera inmediata los protocolos de seguridad y a coordinar acciones directas con el ámbito policial y judicial.
Julieta Conti, titular de la jefatura distrital de Educación, se refirió a la situación y pidió «mucha cautela» en el abordaje de los hechos. Según explicó la funcionaria, este tipo de expresiones intimidatorias no parecen responder a conflictos estrictamente escolares, sino que formarían parte de un fenómeno social más amplio, con antecedentes recientes en provincias como Santa Fe y otros puntos del país.
Abordaje institucional y diálogo con la comunidad
La estrategia de las autoridades educativas se divide en varios frentes. Por un lado, inspectores de nivel secundario y de la modalidad de psicología trabajan dentro de las instituciones afectadas a través de asambleas de aula y consejos de convivencia. El objetivo es fomentar la «circulación de la palabra» para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad o sensibilidad particular en los grupos de estudiantes.
“Estamos trabajando con los alumnos y con las familias, porque son los directos involucrados”, señaló Conti. La intención es desarticular el clima de psicosis y transformar la preocupación en una instancia de reflexión sobre el uso de los espacios comunes y la responsabilidad ciudadana.
La investigación judicial: un delito de índole federal
Más allá del abordaje pedagógico, el caso ha tomado una dimensión legal significativa. La jefa distrital recordó que las amenazas de este tipo son consideradas delitos federales, equiparables a las falsas amenazas de bomba que han afectado al sistema educativo en el pasado.
En este sentido, la Policía y la Justicia ya han tomado contacto con las autoridades escolares para recolectar pruebas y rastrear el origen de las pintadas. “Nos pidieron que todas las escuelas que tuvieran este tipo de expresiones hicieran la denuncia correspondientes para poder trabajar en el rastreo de ese tipo de accionar”, afirmó Conti. La investigación busca determinar si se trata de hechos aislados, un «reto viral» coordinado o una problemática social que requiere una intervención de seguridad más profunda.
