El Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de 1.050 millones de dólares, pero incluyó en su informe críticas inéditas sobre la política anticorrupción y la debilidad institucional del Gobierno argentino.
En el marco de la segunda revisión del Artículo IV, el Fondo Monetario Internacional (FMI) validó un nuevo desembolso de 1.050 millones de dólares para la Argentina, a pesar de que el Gobierno nacional incumplió nuevamente la meta de reservas del Banco Central. No obstante, este informe destacó por un cambio de tono notable: es la primera vez desde 2018 que el organismo formula cuestionamientos severos sobre el manejo de las políticas anticorrupción y la transparencia en la gestión actual.
Duras advertencias sobre corrupción y transparencia
El organismo que preside Kristalina Georgieva situó la lucha contra la corrupción entre los «desafíos pendientes» de la gestión libertaria. Como argumento principal, el reporte citó el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, donde la Argentina obtuvo un puntaje de apenas 36 sobre 100. El documento resalta, además, que diversas evaluaciones internacionales señalan la persistencia de estos problemas en el país.
En un apartado técnico denominado «Box 9», el FMI fue contundente respecto a la necesidad de fortalecer los marcos de prevención. El informe detalla que los regímenes de declaración de activos presentan una «verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual». Asimismo, advierte que las normas sobre conflictos de intereses siguen restringidas por reglas porosas y una capacidad de aplicación débil.
Preocupación por la independencia judicial
Otro de los puntos críticos del informe refiere a la institucionalidad. El FMI subrayó que la percepción de una independencia judicial limitada y la politización del sistema son motivos de preocupación. Según el organismo, observadores nacionales e internacionales han señalado demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada por parte de altos funcionarios, lo que subraya la urgencia de fortalecer la independencia de la fiscalía.
Este tono marca un contraste significativo respecto a las gestiones previas. Por ejemplo, en el informe de 2022, el FMI resaltaba los esfuerzos realizados para mejorar la gobernanza y los marcos de transparencia, buscando cumplir con los estándares internacionales.
Situación patrimonial y morosidad
En el plano administrativo, el informe pone el foco en las declaraciones juradas patrimoniales. Recientemente, el Ejecutivo prorrogó el plazo para la presentación de estos documentos del 30 de mayo al 31 de julio, lo que permite a funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, completar los formularios en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio.
Paralelamente, el organismo alertó sobre la situación financiera de los hogares. El FMI señaló un «deterioro de los préstamos en mora», particularmente en el segmento de consumo, y un rápido crecimiento en la actividad fintech. Datos del Banco Central corroboran esta tendencia, mostrando que la morosidad de los hogares escaló al 11,5% en marzo de 2026, lo que representa un incremento de más de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2025.
