Una compleja investigación de la fiscalía local ha culminado con la elevación a juicio de cinco personas acusadas de una estafa que superó los 150 millones de pesos a una empresa de Bahía Blanca. El sofisticado modus operandi incluyó el robo de claves y la transferencia de fondos a través de una red de cuentas y billeteras virtuales para la compra de criptomonedas.
La justicia de Bahía Blanca ha logrado un avance significativo en la causa por la millonaria defraudación a una empresa local. En el marco de la investigación a cargo de la UFIJ N.º 20, dirigida por el fiscal Rodolfo De Lucia, se ha dado por finalizada la primera parte del proceso, con la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco personas como principales acusadas.
Los imputados, identificados como Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva, Lucca Ian Benítez Jara, Nicolás Agustín Diebra y Lucas Diego Duarte, deberán responder por el delito de defraudación cometida por medios informáticos. Adicionalmente, la investigación sigue abierta, con otras cuatro personas aún bajo la lupa de la justicia por su presunta participación en el mismo ilícito.
El caso se remonta a octubre de 2023, cuando el responsable de la empresa radicó la denuncia. Según el relato de la víctima, el sistema informático de la firma comenzó a pedir de forma inusual y reiterada el usuario y las claves token a una de sus empleadas. Este acceso indebido a los sistemas de seguridad de la empresa culminó en la transferencia de una suma que, según la investigación, ascendió a más de 150 millones de pesos.
La complejidad del fraude no reside solo en el monto, sino en la sofisticada red de transferencias que los delincuentes utilizaron para «lavar» el dinero. A través de un minucioso seguimiento de las operaciones bancarias, la fiscalía pudo determinar que el monto total fue fraccionado y transferido inicialmente a 9 cuentas con distintos titulares. A su vez, estos fondos se movieron a otras 36 cuentas de forma sucesiva, en una cadena de movimientos destinada a dificultar el rastreo. El dinero finalmente fue utilizado para adquirir criptomonedas, un paso final que buscaba anonimizar las transacciones.
Esta exhaustiva investigación permitió a las autoridades detectar las identidades que se repetían como titulares de las cuentas. A partir de esa información, la fiscalía solicitó y obtuvo órdenes de detención y allanamientos que permitieron identificar a los cinco acusados y determinar el rol que cada uno de ellos cumplió en la defraudación. La elevación a juicio de la causa representa un hito importante, ya que demuestra la capacidad del sistema judicial para adaptarse a nuevos tipos de crímenes digitales que son cada vez más frecuentes. Se espera que el juicio oral arroje luz sobre los detalles del plan delictivo y que se haga justicia por este millonario desfalco.
