En un fallo de alto impacto institucional, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 30 resolvió suspender los efectos del acuerdo de transferencia de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida cautelar, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), paraliza los artículos de la recientemente aprobada Ley 27.802 que disponían el paso de los tribunales nacionales a la órbita porteña.
El conflicto judicial por la autonomía y la organización de los tribunales sumó un capítulo decisivo este 17 de marzo de 2026. El magistrado a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 30 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Secretario General de la UEJN contra el Estado Nacional. El gremio judicial cuestiona la validez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, denominada «Ley de Modernización Laboral», aprobada por el Congreso apenas semanas atrás, el 27 de febrero.
Fundamentos del fallo
La resolución judicial ordena la suspensión de la totalidad de los efectos del «Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral» celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juez basó su decisión en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en la existencia de precedentes análogos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la validez de leyes nacionales que afectan la estructura judicial.
La demanda interpuesta sostiene que la transferencia vulnera los artículos 116 y 117 de la Constitución, además de principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El fallo destaca que la medida se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si el traspaso es constitucional o no.
Próximos pasos procesales
Tras la notificación de esta cautelar, el Estado Nacional dispone de un plazo de tres días para presentar un informe circunstanciado sobre los hechos. Mientras tanto, el proceso de transferencia que pretendía integrar la justicia nacional del trabajo al ámbito local queda completamente paralizado, resguardando la situación actual de los empleados y la estructura de los juzgados nacionales.
