La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) lanzó una durísima crítica contra el Gobierno Nacional por exigir al Municipio de Bahía Blanca el pago trimestral de más de $43 millones por el uso de los puentes de emergencia Bailey. La legisladora calificó el hecho como un «increíble destrato» y un acto de «crueldad» que se suma a la retención de fondos para la reconstrucción de la ciudad tras el devastador temporal de diciembre.
El «Destrato» en Medio de la Emergencia
La controversia generada por la facturación de las estructuras provisorias instaladas por el Ejército Argentino en Bahía Blanca tras la catástrofe climática de fines de 2023 escaló al plano nacional con la intervención de la diputada Victoria Tolosa Paz. La ex Ministra de Desarrollo Social utilizó un tono particularmente duro para referirse a la decisión del Ministerio de Defensa de exigir al Municipio un pago millonario (más de $43 millones de pesos trimestrales) por los puentes Bailey que hoy son cruciales para la conectividad de la ciudad.
En sus declaraciones, Tolosa Paz no solo cuestionó el monto, sino la naturaleza misma del cobro. A pesar de la aclaración posterior del Ministerio de Defensa, que aseguró que el dinero se destina únicamente a seguro obligatorio y mantenimiento, la legisladora peronista mantuvo la línea crítica de la oposición, interpretando el acto como un «alquiler» disfrazado y un símbolo del desentendimiento del Gobierno central con las provincias.
«Es increíble el destrato y el nivel de crueldad», sentenció la diputada, poniendo el foco en la insensibilidad de cobrar por una ayuda de emergencia a una ciudad que fue declarada en estado de catástrofe. La crítica se alinea con la postura del intendente local, Federico Susbielles, quien ha estado en pie de guerra con la Nación por la retención de fondos prometidos para paliar los daños.
Una Cadena de Recortes y Ausencia Federal
La exigencia del pago por el mantenimiento de los puentes no es un hecho aislado en la narrativa opositora. Tolosa Paz enmarcó esta decisión dentro de un patrón de recortes y desfinanciamiento a la ciudad de Bahía Blanca, poniendo el ejemplo de otras promesas de asistencia incumplidas o reducidas.
La legisladora recordó que el Gobierno Nacional, en su momento, se había comprometido con la reconstrucción del Polideportivo Municipal y el Club Estrella, infraestructuras emblemáticas que sufrieron daños totales durante el temporal, donde una persona perdió la vida. Asimismo, hizo referencia a la falta de desembolso del Fondo de Financiamiento de Obras prometido por la administración central para afrontar las reparaciones estructurales en la ciudad.
«La ciudad ha sufrido y, cuando necesita el acompañamiento del Estado Nacional, el Gobierno se da vuelta y le pasa una factura de $43 millones por el alquiler de los puentes que ellos mismos instalaron en una situación de emergencia», argumentó, utilizando la palabra «alquiler» para subrayar el carácter punitorio o insensible de la medida.
La postura de la diputada refuerza la idea de que la administración de Javier Milei utiliza la reducción del gasto público como una herramienta de presión o castigo político, sin atender a las necesidades básicas y urgentes de los territorios.
El Impacto Político en la Batalla por los Fondos
La controversia de los puentes, más allá de la cuestión técnica del costo de mantenimiento y seguro, se convierte en un nuevo campo de batalla en la disputa por el federalismo y los recursos. El hecho de que la ciudad de Bahía Blanca sea gobernada por un intendente opositor (Susbielles) le otorga un fuerte componente político a la decisión de Defensa.
El Municipio, que ya afronta una situación financiera compleja para la reconstrucción, se ve ahora obligado a destinar más de $43 millones trimestrales a un gasto que, para la oposición, debería ser absorbido por el Estado Nacional como parte de su responsabilidad en la asistencia post-catástrofe. La exigencia de Tolosa Paz es clara: el Gobierno debe «revertir la decisión» y asumir los costos de las estructuras de emergencia sin trasladar esa carga a los ciudadanos.
La defensa de la ciudad y el reclamo por los puentes y los fondos de reconstrucción se consolida así como un eje central en la agenda de la oposición bonaerense, que busca visibilizar el «destrato» federal de la gestión libertaria.
